Autor: Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular
Viernes 13 de Septiembre de 2013 11:28
Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos
movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos
reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular.
Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores
populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente
movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro
para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.
El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el
movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos,
indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y
contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo
que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos
logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de
convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante
24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del
territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las
políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más
humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de
exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que
recogen nuestros planteamientos.
Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a
nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo
uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y
justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros
líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un
tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión
gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12
vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los
derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262
detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con
arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los
manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a
la población civil en diferentes departamentos del país.
El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del
campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido
en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado
un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y
empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías
campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre
comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que
han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en
marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha
despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha
acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios.
Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan
sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la
soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes
monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.
Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar
hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los
territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y
territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes
latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable.
También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el
despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la
apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos
auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la
salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de
implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción
agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre
comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los
productores nacionales y el avance hacia una integración justa y
solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.
En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen
nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los
pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y
tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad
campesina. Lo anterior solo se lograra con la adjudicación y dotación
de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra
directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la
titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos,
que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que
se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas
nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la
política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del
tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir
la extensión que actualmente está definida.
Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la
producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los
productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos
la reducción de los precios de los combustibles,de los precios de
fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.
En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería
transnacional, promueven consultas populares para la definición de
proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la
formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para
la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el
manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía
nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.
Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de
cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la
erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe
perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe
ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de
la política del Estado.
Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que
se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio
de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en
la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios
públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un
derecho para el campesinado colombiano.
Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres
participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular,
rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos.
Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que
agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La
gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e
inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores
para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos
al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de
agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo,
persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones
laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada
para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos
construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a
la defensa del campo y sus habitantes más humildes.
Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos
sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los
afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias
construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que
puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al
frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso
que nos da este momento histórico.
Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y
popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya
terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del
ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de
construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las
diversas organizaciones que confluimos en este espacio.
Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y
movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha,
anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para
traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a
partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o
leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social
por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de
paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la
cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región,
gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.
Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y
campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones
agrarias y populares, como también al conjunto de la población
colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a
realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación
masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan
construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto
agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa
de Paz con Justicia Social.
Lean y compartan el Llamamiento de Yakarta!
