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jueves, 31 de enero de 2019

LA VIOLENCIA Y LA POLÍTICA EN BUENAVENTURA, COLOMBIA, ENTRE EL AYER Y EL HOY


por José Javier Capera Figueroa [1]


La realidad de violencia, despojo y hambruna en Buenaventura es latente. Ya caminar por las calles, hablar sobre política, debatir sobre la pobreza, la desigualdad y la exclusión se ha vuelto un tabú. Por supuesto el terror es cada vez más presente. Ya la generación de fronteras invisibles y en particular las acciones de masacrar y torturar a las víctimas son algo común de la criminalidad. En Buenaventura se manifiesta lo que Vega Cantor (2012) reconoce como una cultura del dinero fácil, una política del narco y una sociedad de la impunidad donde impera la utilidad por vivir, así sea necesario pasar por encima de quien sea necesario.

Un panorama que refleja la inflexión más fuerte se encuentra al ser un proyecto fallido del capitalismo contemporáneo: una tierra que tiene todo por dar y por construir, un lugar que no tiene nada que envidiarle a las grandes ciudades en razón de sus condiciones geográficas, sus bienes comunales y sus fuentes materiales e inmateriales. En Buenaventura existen nichos por investigar, escribir y proponer, pero lástima que solo sea el foco de inversión para generar programas asistencialistas y aplicar modelos hegemónicos que sólo reproducen la crisis de acumulación del capital, el abaratamiento de lo político y el vacío líquido de lo público.

Es así que el ayer de Buenaventura constituía un imperativo por construir escenarios encaminados a hacer de la paz un imperativo moral. Tal como era conocido en el argot popular “tierra de Negros, tierra de felicidad” esta enunciación era una clara demostración del diálogo cultural y de la idiosincrasia afrodescendiente al buscar construir una política deliberativa, crítica y, en lo posible, necesaria para generar caminos de resolución a problemáticas como la corrupción, la politiquería, el clientelismo y el triángulo del Poder, el capital y la guerra que tanto ha pervivido y se reproduce en la cotidianidad de los sujetos del puerto.

Los espacios socio-políticos, las asociaciones culturales y los grupos políticos alternos han sido opacados por los grupillos de bandoleros, gamonales y hacendados de la región. No resulta comprensible fuera del capitalismo que, al ser Buenaventura el puerto de mayor comercialización en Colombia, sea una de las regiones en donde abunde y se atente con mayor fuerza la desigualdad social, la criminalidad y la violencia sistemática contra la vida, la paz y la dignidad de las comunidad.
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Un ejemplo de ello es el informe de Human Rights Watch en donde se señala que siguen siendo generalizadas las extorsiones por parte de grupos sucesores del paramilitarismo, los cuales surgieron tras un proceso oficial de desmovilización de organizaciones paramilitares de derecha implementado hace una década, que presentó graves falencias. Los habitantes siguen expuestos al riesgo de sufrir ataques si cruzan ‘fronteras invisibles’ que separan los barrios disputados entre distintas bandas rivales. Los niños viven sujetos a la amenaza de ser reclutados y de sufrir violencia sexual, miles de personas han sido desplazadas y continúan ocurriendo secuestros y desapariciones con impunidad (Ferry 2015).

Otro de los puntos que constituye la barbarie del capitalismo según Löwy (2001) es el desbordamiento de la crisis ambiental. Al ser un elemento de la crisis de la condición humana, dicha condición se articula con la pérdida de soberanía fluvial y portuaria que vive Buenaventura. La complejización del fenómeno llegó a ser vista a través de la propaganda mediática de la Alianza Pacífico cuando se considera que no existían condiciones materiales e inmateriales para hacer de Buenaventura la capital de dicha organización económica latinoamericana.

No obstante, el despojo de cientos de comunidades pesqueras, familias y asociaciones fue una realidad. La lógica por imponer la expansión de la asociación portuaria era un hecho irreversible. La expansión fue masiva, el daño ambiental no tiene dimensiones mentales y las relaciones entre los grupos empresariales, el crimen organizado y la explotación humana se hicieron palpables al afectar el tejido social de las comunidades negras. Tal como manifiesta el Informe “Buenaventura ‘El despojo para la competitividad’”.

Parte de esta crisis también se debe al deterioro que existe en la esfera de lo público, la crisis de valores y la decadencia del sistema político, un sistema que de manera tajante ha generado exclusión y miseria en todo el territorio nacional. En Colombia no se vive para vivir, se vive para sobrevivir. En el adagio popular arguyen que la necesidad ha llegado hasta el punto de vender la conciencia por un peso, mercantilizar la vida por poder y acosar el acoso por dinero.

Del mismo modo la complejidad colombiana es una imagen consecutiva donde la democracia nunca ha sido un punto de importancia, sino un punto de hacer lo que el maestro Dussel (1988) denomina “sucursalera”: enajenada y sin sentido crítico. La política como acción humana es sólo un simple discurso, la banalidad del poder y la ausencia de valores dentro de lo público. Son aspectos que reflejan la colonización del mundo de la vida, la Modernidad capitalista y la colonialidad del poder, la vida y ser en las relaciones sociales (Dussel 1988; Grosfoguel 2006).

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Referencias

Dussel, Enrique. 1988. Hacia un Marx desconocido: un comentario de los Manuscritos: 61-63. México: Siglo XXI.

Ferry, Stephen. 2015. “Colombia: nuevos asesinatos y desapariciones en Buenaventura. El gobierno no ha logrado detener abusos de organizaciones criminales”. Human Rights Watch, 4 de marzo, sección Noticias.  Recuperado de: https://www.hrw.org/es/news/2015/03/04/colombia-nuevos-asesinatos-y-desapariciones-en-buenaventura

Grosfoguel, Ramón. 2006. “La descolonización de la economía política y los estudios postcoloniales: transmodernidad, pensamiento fronterizo y colonialidad global”. Tabula Rasa 4: 17-48.

Löwy, Michael. 2001. “La significación metodológica de ‘socialismo o barbarie’”.Socialismo o Barbarie 2(6): 1-10. Recuperado de: http://www.socialismo-o- barbarie.org/revista/sob6/lowy.html

Vega Cantor, Renán. 2012. “Colombia and GeopoliticsToday”. El Agora USB, 12(2): 367-402.






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[1] José Javier Capera Figueroa es doctor (c) en sociología, magister en sociología y politólogo de la Universidad del Tolima (Colombia), Analista político y columnista del Periódico el Nuevo Día (Colombia) y del portal de ciencias sociales rebelión.org (España).



Cite este post:
Capera Figueroa, José.  2019.  La violencia y la política en Buenaventura, Colombia, entre el ayer y el hoy. Blog nuestrAmérica, 9 de enero, sección Columnas. Acceso [día de mes de año]. https://rvnuestramerica.blogspot.com/2019/01/la-violencia-y-la-politica-en.html



domingo, 13 de enero de 2019

Colombia: Pregonar la democracia y ejercer el fascismo


Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez

La democracia en América, la de norte y la del sur, ya no se parece a la que en 1835 Tocqueville reconoció diciendo que nada lo había sorprendido más que la igualdad de condiciones y su influencia prodigiosa sobre la marcha de la sociedad y de su revolución democrática. No es la época de reyes que se arruinan en las grandes empresas, sino de potentados que saquean al Estado, no es la de nobles que se agotan en las guerras privadas, si no de élites que se lucran de guerras de beneficio privado adelantadas con recursos públicos. No es la época de labriegos que se enriquecen con el comercio, sino que son despojados por este y el negocio legal/ilegal es la fuente que nutre la barbarie y alienta a los poderosos y, los financieros ya son un poder político al que se desprecia y adula al mismo tiempo.
Colombia hace la síntesis de todo eso y refleja que la mejor forma de decir ya no es hacer, como decía Martí, si no imponer una mentira y sacarla adelante. La relación USA-Colombia no puede leerse como de equilibrio o amistad recíproca, si no como una fórmula de sumisión de élites que tienen muy claro que con el gobierno de USA se configura la agenda del poder local y eso no lo discuten. Así ha ocurrido en gobiernos civiles o militares y así será en el 2019, según la agenda del presidente: reinventar la guerra interna, destruir y reconstruir a Venezuela y hacer de cada bien público un mal negocio.

Es una dinámica de líneas paralelas. Por la línea interna, empuja el proceso de paz hacia una renegociación judicial, que doblegue el acuerdo político y lo sustituya paulatinamente, a la par que busca una excusa creíble que otra vez convierta a la guerra en fuente de inspiración y legitimación. El gobierno está urgido por terminar de crear al enemigo interno, para decretarlo y justificar la violencia que lo reafirme en el poder.

Por la línea externa, se esmera en demostrar que es el aliado perfecto de USA para liderar el complot contra el gobierno hermano y mantener viva la esperanza de concretar una invasión militar, antes que las olas migratorios pierdan su entusiasmo aquí y allá y entiendan que después de la guerra unos se quedarán con las riquezas, otros con el poder y ellos se quedarán con nuevos horrores y con sus propios muertos pero sin tierra para enterrarlos.

Ni teórica ni empíricamente, puede decirse que Colombia avance en democracia, aunque se pregone o se intente exportar como modelo y referencia de otros. Se sigue matando como en el peor momento de barbarie y se trata a la ciudadanía como subalterna y delincuente, conforme a su lugar en el estrato, usado para marcar a las víctimas e identificar con mayor precisión a los poderosos que pueden gozar de impunidad y privilegios.

El gobierno da muestras de tener angustia por su propio futuro, no por el del país, porque se le pasa el tiempo y no logra consolidar un mecanismo de escape, que le permita desencadenar su doble propósito de poder basado en la violencia. Del lado interno requiere al enemigo decretado para desplegar su fuerza y tratar de conjurar la presión social que ejercen amplias mayorías inconformes y ahogadas en impuestos impagables, precariedad y deficiencias en todos los sistemas sociales, mientras la injusticia crece entre impunidad y corrupción y; del lado externo requiere justificar conexiones con ese enemigo interno, que valide su retórica y facilite posibles ataques al territorio vecino con servilismo e intenciones coloniales para que américa sea toda de los americanos liderados por Trump y sus seguidores Bolsonaro, Duque, Macri y Lenin.

Adentro de las fronteras la depredación humana, anuncia que hay fascismo, aunque se pregone democracia, si se toma como base la secuencia de asesinatos selectivos, cuya rudeza ya supera al enero de 2018, que con 28 líderes sociales asesinados, valió para que el alto comisionado de derechos humanos en Colombia (Zeid Ra’ad) calificara la situación de alarmante por el elevado número de activistas y defensores de derechos humanos asesinados.

2019 en solo 6 días supera la tendencia del destino sangriento, que en fascismo serían simples crímenes o neutralizaciones, a la usanza de los falsos positivos, pero que si es en democracia, hacen responsable directo al presidente de la república, por tratarse de personas especialmente protegidas (líderes y defensores/as) y que por no ser fortuitas si no sistemáticas consecuencias de una violencia criminal (ya no atribuibles a la insurgencia), el gobierno se ve obligado a mirar hacia el único actor que no ha cambiado su posición: las elites y junto a ellas militares y terceros, actuando en connivencia o aquiescencia con el Estado.

El gobierno, ofreció democracia, pero entrega fascismo, según su actuar ajeno a las demandas del país, con nulo interés por desmontar internamente las empresas criminales, con negativa a llevar a juicio a los responsables de delitos de lesa humanidad, incrustados en batallones, brigadas y despachos, y sin ataques al modus operandi de sicarios que ejecutan, paramilitares que ordenan y militares y terceros que planean. Tampoco le interesa eliminar de la doctrina castrense la creencia en que “todo individuo descontento o inconforme es un enemigo en potencia”. Es decir no le asiste interés democrático por centrarse en un marco de tolerancia cero ante el ataque a líderes o defensores de derechos, ni tiene interés en superar situaciones graves como el estado de cosas inconstitucional del desplazamiento forzado (encubierto con migración) o; defender, reconocer y proteger a las víctimas del conflicto armado o; fortalecer las estructuras de la Justicia Especial de Paz y buscar la verdad o; garantizar la devolución de tierras despojadas o; simplemente impedir que agentes del estado o que actúen a instigación suya o con su consentimiento o aquiescencia mantengan su patente de corso para cometer los actos atroces que cometen contra la población civil negando las normas de coexistencia humana. El presidente capitanea el barco colonial hacia el país vecino y el suyo naufraga.


domingo, 1 de septiembre de 2013

El Estado colombiano con su represión enriquece a la industria de las llamadas "ARMAS NO LETALES"

Para llorar
Domingo, 01 Septiembre 2013 06:58 
 
Por cada granada de humo blanco pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos. Se ha vuelto un lugar común decir que todos pierden con los paros. La frase es tan repetida como falsa. Hay unos que ganan –y ganan mucho- cada vez que hay una protesta. La industria de las llamadas “armas no letales” recibe multimillonarias utilidades por cuenta de la represión de las manifestaciones en Colombia y en el mundo. Los dueños de esa industria tienen a la vez intereses en negocios como la venta de productos lácteos o la calificación de riesgos en países como el nuestro.

El gas lacrimógeno es uno de los mejores negocios de esta época. A pesar de que la Organización de Naciones Unidas clasifica el gas lacrimógeno como un arma química, los poderosos intereses detrás de esta industria han logrado que su producto estrella se comercialice a nivel mundial como “arma no letal”


La mayor productora de gas lacrimógeno es una empresa llamada Combined Systems Inc. La compañía funciona en Jamestown, un pacífico pueblito con menos de 700 habitantes en Pensilvania, Estados Unidos.


De acuerdo con su página oficial su negocio es la “fabricación y suministro de municiones tácticas y dispositivos de control de masas a las fuerzas armadas, la policía, las autoridades carcelarias y las agencias de seguridad nacional en el mundo entero” (Ver link)


La compañía es una máquina de hacer dinero. Cuanto peor le vaya al mundo, mejor le va a ellos. Un reciente estudio adelantado por la profesora Anna Feigenbaum de la Universidad de Bornemouth en Gran Bretaña, prueba que durante los períodos de crisis económica se disparan los gastos antimotines.


El periodista Marcelo Justo hizo un completo reporte para BBC Mundo que muestra, entre otras revelaciones, el ejemplo de España. Mientras el gobierno de Rajoy recortó el presupuesto de 2013 en casi todas las áreas, empezando por salud y educación, hubo un aumento de 17 veces (!) en el renglón de ‘antidisturbios’. Los fondos pasaron de 173.000 euros a más de tres millones.(Ver vínculo)


Colombia es un gran comprador de Combined Systems. De acuerdo con una publicación de Source Watch los principales clientes de la compañía fabricante de gas lacrimógeno son en su orden: Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen. (Ver vínculo)


En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936 (Ver portada contrato)


El objeto del contrato es la compra de granadas de gas, armas lanzagases y otras municiones antimotines. Quien firmó el contrato como directora administrativa y financiera de la Policía fue la entonces coronel Luz Marina Bustos Castañeda, hoy subdirectora general de la institución. La coronel Bustos ahora es general y con su firma ese contrato ha sido extendido y adicionado, hasta nuestros días, en cantidades multimillonarias.


Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183. (Ver valor gas)


Otro contrato, esta vez del Fondo Rotatorio de la Policía, indica que Colombia le compró a Combined Systems fusiles lanzagases por $242.604.960. (Ver fusiles lanzagases)


Los principales accionistas de Combined Systems son Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group. El grupo Carlyle es un conglomerado empresarial con múltiples intereses que van desde la banca internacional hasta la tecnología agropecuaria con Syangro Technologies, pasando por la producción de leche en la India con Tirumala Milk. Carlyle es dueño también de la calificadora de riesgos Duff and Phelps que evalúa la seguridad de las inversiones en países como Colombia.


Nuestro país es magnánimo con los conglomerados que explotan nuestros recursos y nos venden lo que no necesitamos en desarrollo de las ‘bondades’ del TLC. Al mismo tiempo es avaro con los campesinos que producen alimentos, severo con quienes se atreven a protestar y generoso con los vendedores de instrumentos para la represión.


Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas. 

 
  Por: Daniel Coronell