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martes, 18 de octubre de 2011

¡QUE CONTINÚE LA REVOLUCIÓN!

Por Mario Domínguez


Este texto es una reflexión en contra de la Reforma a la Ley 30 de Educación Superior, pues “obedece a una lógica mercantil” y a “una política con énfasis tecnocráticos y macroeconómicos”, por tanto es una reforma “neoliberal”. Además, porque atenta contra el “sagrado” derecho a la educación, pues pretende la privatización de la universidad pública, lo que genera inequidad, ya que se reduce la posibilidad de acceso a la educación superior a las personas de bajos recursos.

Este texto se presenta además como un comunicado de apoyo a la revolución que los Jóvenes de las distintas universidades del país han iniciado en procura de la No-privatización de la universidad pública.

Quiero iniciar indicando que entiendo por Revolución un resistirse a que las cosas sigan siendo como son y un procurar que vayan lo mejor posible.

Hoy los colombianos, específicamente los jóvenes, se han volcado a las calles y han entrado en cese de actividades académicas, en actitud revolucionaria, precisamente, porque no les gusta como están las cosas y quieren que vayan mejor. El presidente Santos ha propuesto una reforma “neoliberal” a la ley 30 de educación superior que procura la privatización de la educación misma. Ante un acto criminal como este es preciso revelarse, pues no puede permitirse que la educación se convierta en un privilegio, cuando es un derecho, según se especifica en el Art. 67 de la Constitución Política de Colombia y se ratifica en el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual, la educación “debe ser gratuita” y accesible para todos.


En caso de darse una reforma a la educación esta debe partir de de la comunidad, de los colombianos, no del gobierno como efectivamente pasa. El pasado 6 de mayo la Universidad de Antioquia realizó el panel La calidad de la educación en el contexto a la reforma a la Ley 30 –elementos para el análisis-,  y en dicho panel, según Guillermo Londoño Restrepo, quien participó como moderador del panel La calidad en la educación superior,  “expertos nacionales hicieron la lectura de la  propuesta y concordaron en señalar que si bien el país requiere una ley para la educación superior, ella debería corresponder a una política sólida para el desarrollo y fomento de la educación superior, más que para su regulación y control por parte del Estado...” (Suplemento ALMA MATER, Nº 300, Medellín, Mayo 19 de 2001, p, 3.). Un proyecto reformista como es el de la reforma a la educación superior “debería corresponder a una política de Estado, más que de gobierno, que entienda la educación como estrategia soporte del proyecto de Nación, que tenga presente que ella es un derecho fundamental de la persona y un bien público”, señala Londoño (Ibíd., p, 4.).

La revolución debe continuar hasta que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar la financiación de la universidad pública, pues esta es una obligación suya. Se supone que los impuestos que pagamos los colombianos son para subsidiar los bienes públicos, tales como la educación. He aquí la pregunta que muchos nos hacemos a raíz de esta problemática ¿dónde está el dinero de los impuestos que pagamos?

En un comunicado audiovisual, en el que varios actores colombianos muestran su desacuerdo  a  la Reforma Neoliberal de Santos, dice Hernán Méndez “la privatización de la educación convierte automáticamente a las universidades en empresas comerciales, por tanto obedecen a un lógica mercantil”. Pues bien, la única lógica a la que deben obedecer las universidades ha de ser la del “pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Exhorto por tanto a los colombianos a mantener su lucha, a seguir defendiendo sus derechos, a revelarse contra las injusticias e inequidades. En procura de la No-privatización de la universidad pública; esto es, en repudio a la reforma a la Ley 30 de educación superior ¡QUE CONTINÚE LA REVOLUCIÓN!

viernes, 14 de octubre de 2011

Carta abierta de universidad.edu.co a congresistas que debatirán reforma a la educación superior


Honorables Congresistas

Una reforma a la educación superior debe responder a la pregunta: ¿Es éste realmente el modelo de educación superior que Colombia quiere tener en los próximos años? Infortunadamente el polémico proyecto Nro. 112 de 2011, radicado en la Cámara de Representantes, "por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior" no responde  a esta pregunta.

La propuesta de reforma no evalúa integralmente la educación superior, sino que es una respuesta efectista para mostrar aumento de cobertura. No es una ley de educación superior, es una ley de matrícula universitaria, que es diferente.

Podría pensarse que a mayor cobertura, mejor educación y mayor crecimiento; pero no necesariamente esta es la manera de construir los rieles de la locomotora de la prosperidad que anuncia el actual Gobierno.


Más allá de los beneficios que representa el deseo de universalizar la educación superior, debe evitarse la equívoca conclusión de que más población con estudio superior significa más empleo. Esto es posible, en parte, cuando el conocimiento se incrementa con formación soportada en investigación, en tecnología y en un real compromiso con el sector productivo y con los planes estructurales de país y de todos los sectores de la economía, pero la Ley propuesta no responde a esto. Anunciar más dinero, vía regalías, para investigación, es sólo una promesa, que se puede perder si no hay sentido real de lo que se quiere y necesita investigar.

¿En dónde está la participación de los empresarios, de la escuela secundaria, de las comunidades locales, de las ONGs y de los otros ministerios del Ejecutivo en el análisis y discusión rigurosa de la propuesta? La explicación del Ministerio de Educación Nacional en el sentido de que la reforma fue ampliamente discutida en el país, en foros regionales y en su página web no es suficiente. Una cosa es discutir en torno de una propuesta, cocinada en las oficinas del MEN y a espaldas de las universidades y los rectores, y otra preguntar al país y a los expertos sobre lo que desean de su educación superior.

Temas como unión con el sector productivo, internacionalización, bilingüismo, pertinencia educativa, calidad docente y compromiso social, entre otros, son un saludo a la bandera, y no aportan valor alguno a lo que ya estaba en la Ley 30 de 1992, que tampoco era mucho.

El único resultado medible en el mediano plazo es que se incrementará el nivel mínimo de formación exigible a cualquier empleado y que habrá más egresados de la educación superior con salarios bajos, sin que necesariamente los niveles de empleo hayan aumentado.

En la última década hemos venido construyendo un país de técnicos, que son mano de obra especialmente para muchas empresas extranjeras que han visto en la economía colombiana un resguardo a sus inversiones, y eso ha disimulado las tasas de empleo. ¿Qué pasará con esos miles de colombianos en caso de una migración de capitales al exterior? Su formación difícilmente les permitirá crear nuevas opciones laborales. ¿Cuál es el proyecto económico y social de nación que permitirá orientar mega estrategias del Estado para consolidarnos como potencial mundial en algo?

Cuando el país no ha terminado de cerrar la discusión sobre qué es y hasta dónde debe llegar la formación técnica y tecnológica (erróneamente aplicada con respecto a su esencia con el modelo de ciclos propedéuticos), la propuesta de reforma le da un nefasto golpe al permitir que las IES que no son universidades puedan ofertar programas de toda índole, en aras de una autonomía cuestionable por escaso fundamento en investigación y conocimiento propio.

En el nuevo panorama, a qué institución de educación superior le va a interesar crear una infraestructura de verdadera formación técnica y tecnológica (la que de verdad genera conocimientos mediante laboratorios de investigación de punta), cuando con la nueva ley se incentiva que crezcan hacia formación profesional, que es más rentable para ellos?, cuando tienen la feroz e inequitativa competencia del Sena y cuando enfrentan el fantasma de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que, con menos control y un verdadero y oficializado ánimo de lucro, también ofertan programas técnicos (porque el sistema, en su afán de mostrar titulaciones, se ha encargado de borrar las fronteras entre los técnicos laborales de los técnicos profesionales)?

Si se quiere concebir un verdadero sistema de educación superior que incluya a todos los componentes activos, ¿por qué no se legisla integralmente con la formación de estas instituciones de educación informal, que inclusive agrupan más colombianos que la educación superior formal?

Así mismo, ¿a qué gran universidad le va a interesar ir más allá de lo que hace actualmente, cuando entrará a competir por estudiantes, de una manera desigual, con instituciones sin trayectoria académica, sin suficiente infraestructura ni docentes calificados que de un momento a otro comenzarán a ofertar programas del nivel profesional y posgrados?

La autonomía no es un ejercicio administrativo de rendición de cuentas posteriores. Cuando de lo que se trata es de educación y de la responsabilidad social de formar generaciones enteras en una disciplina y un proyecto de vida académico, la esencia de la autonomía está en el empoderamiento que adquieren las instituciones que, como producto de su experiencia, conocimiento, investigación y autoridad académica, pueden garantizar a la sociedad la seriedad de su proyecto. Lo contrario es someter a miles de jóvenes a ser chivos expiatorios de instituciones que, seguramente con buena voluntad, no tienen el aval y el suficiente dominio intelectual para decirle a la sociedad quién es o no un verdadero profesional.

¿Y la calidad? Tal vez es la principal sacrificada con la propuesta, no obstante la invitación del Gobierno a no dejarnos engañar. Más estudiantes implica menor promedio de calidad en ellos; necesita más profesores cualificados y, por ende, más dinero... siempre limitado. Y cuando la investigación parece un deseo pero no un imperativo de las funciones sustantivas de la educación superior y la acreditación de alta calidad deja de ser un esfuerzo real para las instituciones de educación superior, lo que termina primando es la lógica de mercado; tener un título más que aprender.

El punto es que un país crece cuando crea nuevo conocimiento, no cuando tiene más trabajo. Un país con mínimas tasas de desempleo puede ser un esclavo de capitales extranjeros o contar con bajos niveles de calidad de vida.

Salvo el interés y enormes esfuerzos de algunas pocas instituciones de educación superior por aumentar su calidad, difícilmente las universidades colombianas, en un número decoroso, aparecerán en el top de calidad de los rankings realmente serios sobre las mejores universidades del mundo.

Dirán algunos, entre ellos el Ministerio de Educación, que para ello se han contemplado en la reforma nuevas formas para que el Estado ejerza la suprema inspección y vigilancia. Bienvenidos los controles para un sistema, especialmente el privado, que se comporta disimuladamente como un negocio con ánimo de lucro con pleno conocimiento del Ministerio. ¿Qué garantiza que de un día a otro el MEN se vaya a convertir en el gran vigilante de la calidad y evitará los muchos abusos que se cometen con la contratación de profesores, aumento de matrículas, apertura de programas de manera irregular y derechos adquiridos y violados a los estudiantes, si hasta ahora no lo ha hecho? El tema no es de Ley; es de gestión o negligencia de parte del MEN. Con la Ley 30 ha tenido las herramientas y el poder, y no lo ha aplicado… y las IES se burlan de sus acciones.

Con respecto al tema de financiamiento, que ha sido erróneamente estigmatizado y malinterpretado por muchos estudiantes y agentes perturbadores del orden público que se han aprovechado de la inocencia de los mismos, es importante indicar que la propuesta no privatizará los recursos públicos y, por el contrario, aumentará los aportes de la Nación a las universidades oficiales. No en las cantidades deseadas, pero lo hará. En aras de la verdad, incluso en vigencia de la Ley 30, el Estado siempre ha cumplido con sus aportes, aunque lo mismo no pasa con muchas de las gobernaciones. Pero el problema va más allá del tema de financiamiento. Siempre, en Colombia, en Chile, en Londres y en cualquier país, los recursos públicos serán insuficientes para satisfacer las expectativas de los universitarios.

Debemos entonces enfrentar abiertamente el tema de si se administran eficientemente los recursos públicos destinados a las universidades oficiales, por qué la diferencia de asignaciones entre unas y otras, por qué si son públicas y reciben dineros del mismo Estado no optimizan y comparten sus recursos informáticos, tecnológicos y de gestión, entre otros; por qué la discriminación financiera con las IES oficiales que no son universidades, por qué no generar un compromiso social y económico de quienes ingresan a la universidad pública y, quitándole el cupo a otro, se retiran a mitad de sus estudios, y de quienes se gradúan en las mismas y no retornan a la sociedad lo que allí recibieron?

Respetados congresistas, una reforma a la educación superior debe ser el resultado de un consenso de país y no de una mesa política de Unidad Nacional. Con o sin rabia, con o sin verdad y con o sin razón, los rectores, los profesores y los estudiantes no están de acuerdo con la misma. Miles de ellos votaron por el actual Presidente, porque confiaron en él como candidato, pese a que en su campaña nunca prometió una reforma de esta índole.

El proyecto de Ley a debatir no es un acuerdo nacional y se necesita una reforma que, más allá de obsesionarse con incrementar tasas de matrícula, demuestre que Colombia puede crecer como país en el mediano plazo, con mejores indicadores de competitividad, una ciudadanía más civilizada y mejores condiciones de vida.

Está en sus manos lograr que este anhelo de casi dos décadas realmente responda a la expectativa de mejorar lo que tiene la Ley 30 y espera el país, y no ceder a los intereses de un buen número de directivos de muchas IES que han encontrado en la propuesta la manera de aumentar su matrícula y defender sus intereses institucionales, pero no los de la Nación.

Una persona honorable es quien se hace acreedora del respeto por la autoridad que inspira con su ejemplo, prudencia en la toma de decisiones, sabiduría para analizar causas y consecuencias, equilibrio en el actuar e integridad en lo que aconseja. Respetados Honorables Congresistas, en sus manos está el futuro de la educación como verdadero riel del crecimiento del país y el futuro de nuestros hijos. Por favor, sean honorables en la discusión.

Millares rechazaron reforma a la Ley 30

Cientos de miles de estudiantes se movilizaron por las principales capitales del país reiterando su descontento por el proyecto de reforma a la Ley de Educación Superior. 

Foto: Pablo Andrés Pasos


En la carrera Carabobo los estudiantes del área de la salud de la U. de A. se unieron a la protesta.
Juan Fernando Arenas Quiroz
Sergio Zuluaga



Llegó el día de la movilización nacional contra la reforma a la educación superior. Miles de estudiantes arribaron al Instituto Tecnológico Metropolitano, ITM, para dar inicio a la protesta.

Todos se veían muy calmados y los estudiantes atendían las requisas de la Policía Nacional que estaba distribuida por cuadrantes. En total, 750 uniformados vigilarían el recorrido para garantizar la seguridad, según Adán León, Comandante Operativo de la Policía Metropolitana.

Con el transcurrir de la movilización, que ya contaba con los estudiantes del Tecnológico de Antioquia, Pascual Bravo, Colegio Mayor e ITM, se vieron muestras de respeto y consideración de los estudiantes con la fuerza pública, promovidas por los líderes de la marcha.

Incluso varios de ellos se acercaron a la sede de la Policía Antioquia a pedir disculpas por los desmanes de la última marcha y propusieron trabajar juntos por el carnaval que, pretendían,  fuera la jornada de protesta.

El reloj marcaba el medio día y la expectativa crecía, a la par de la gente que se unía a la manifestación.

En el intercambio vial Punto Cero, a la altura de Coca Cola, una gran pancarta custodiaba a miles de personas que esperaban unirse. “Disculpe las molestias, estamos trabajando por la educación”, decía la leyenda de miles de jóvenes de la Universidad Nacional que ahora se sumaban al recorrido. 500 mestros después fueron los de la Universidad de Antioquia.

Mientras tanto, un carnaval de hadas, mimos, payasos y jóvenes gritando arengas y ondeando banderas e incluso un inusual pendón de marchantes de Uniminuto  esperaban en la calle Barranquilla, en la entrada a la U. de A.

Fue allí donde se completó el coloso marchante que exigía al Gobierno una reforma de educación superior concertada, respetuosa del principio constitucional que la roconoce como un derecho fundamental, no como un negocio de lucro.

10.000 voces, aproximadamente, gritaban viva la universidad, educación gratuita y de calidad.

El próximo destino sería el Centro Administrativo La Alpujarra, un trayecto no tan alegre y productivo como la primera mitad del recorrido.

Durante la hora y media siguiente una marea humana subió desde Carabobo hasta la Avenida Oriental atrayendo curiosos y personas que seguramente no tenían en sus planes pedir una mejor educación para sus hijos.

El lunar de la movilización lo pusieron de nuevo aquellos revoltosos que no dan la cara. Esos que por momentos, a pesar de ser un grupo no mayor de 20 entre 10.000, lograron sembrar el pánico en algunos ciudadanos que incautos se preguntaban por qué a mí.

Pequeños locales de micro empresarios, multinacionales, las pirámides de la Oriental, parejas de policías lejos de su batallón y conductores que pasaban indiferentes fueron víctimas de las piedras, la pintura y las papas bomba de quienes quisieron entorpecer la manifestación que, aún así, nunca perdió su mensaje en ascenso: La reforma a la educación superior debe ser total, no un paño de agua tibia.

Al finalizar la movilización se registraron disturbios en las inmediaciones de la U. de A. entre estudiantes y el Escuadrón Antidisturbios, Esmad, sin hechos qué lamentar, salvo la violencia consuetudinaria de los encapuchados.

Frente al Centro Administrativo La Alpujarra se unieron todos los marchantes para elevar un solo grito por la educación superior.

¿Por qué la movilización?


De acuerdo con la Mesa Amplia Regional Estudiantil de Antioquia, la razón de las protestas es porque “somos estudiantes, somos pueblo que le decimos no a la nueva Ley de Educación Superior de Colombia y la Ley 30 de 1992. Las rechazamos por su carácter privatizador del derecho a la educación y del derecho a la autonomía y a la autodeterminación”.

“Concebimos la educación como una práctica social, como la posibilidad de desarrollar la técnica, la ciencia, la tecnología y el pensamiento para provecho de la sociedad y la humanidad en general, y no como una mercancía que se vende y se negocia al mejor postor, por ello nos estamos movilizando, porque deseamos recuperar el sentido de la educación como un derecho, como una posibilidad de una mejor manera de vivir y no como un servicio”

Dicen los líderes de la protesta que sus objetivos son: “parar la aprobación de la nueva Ley de Educación y aportar a la construcción una propuesta diferente de modelo educativo y pedagógico, que en realidad responda a los intereses de toda la sociedad, en el que todos podamos decidir cómo y para qué queremos formarnos y no simplemente aceptar que moldean nuestras vidas”.

Balance nacional


Un universitario muerto en Cali y disturbios en Bogotá, Bucaramanga, Ibagué y Popayán, dejaron las jornadas de protesta de los estudiantes universitarios en contra de la reforma a la Ley de Educación Superior. En el resto del país, las autoridades reportaron normalidad en las movilizaciones.

El hecho más grave se registró en Cali, donde un estudiante de Medicina de la Universidad Santiago de Cali murió incinerado. Según las primeras versiones de las autoridades, el joven universitario falleció instantáneamente después de que la bomba que tenía en su poder se le explotara. En el incidente también resultaron heridas otras dos personas, remitidas a urgencias del Hospital Universitario del Valle.

El Ministerio de Educación Nacional lamentó la muerte del joven universitario e hizo un llamado para que las marchas programadas se realicen en paz. Asimismo, el general Óscar Naranjo invitó a la comunidad académica a movilizarse sin alterar el orden público.

“Transmito nuestro dolor por ver cómo en una marcha pacífica de estudiantes, muere un joven que portaba explosivos”, expresó el oficial.

En la capital de la República también se registraron desmanes entre los estudiantes y la fuerza pública. En el trayecto que va desde la 45 hasta la Plaza de Bolívar, las autoridades reportaron estallidos de papas bombas en las que resultaron heridos cinco integrantes de la Policía y cuatro manifestantes. 

En el resto del país, las marchas dejaron policías y estudiantes heridos, afectaciones en locales comerciales, y ataques a sedes políticas.


¿Qué dice el Sistema Universitario Estatal?


El Sistema Universitario Estatal, SUE, conformado por 32 universidades públicas de Colombia se manifestó de la siguiente manera:

"De las propuestas presentadas por el SUE algunas fueron retomadas por el Ministerio de Educación Nacional e incluidas en el Proyecto de Ley. Así mismo, varios aspectos del articulado original del proyecto y producto de los debates que se dieron, fueron eliminados por el mismo gobierno, aceptando que eran inconvenientes.

No obstante, como entes autónomos, las universidades estatales continuaremos participando en esta construcción, en tanto que consideramos se requieren más y mejores acuerdos para bien de la educación superior y del país, para ello solicitamos:

1. Al Congreso de la República: Abordar este Proyecto con la profundidad que demanda el impacto que tiene para el futuro del país. Reiteramos la voluntad de acompañar con argumentos y evidencias los diferentes debates que esta instancia legislativa promueva.

2. Al Presidente de la República y al Congreso: Mantener la voluntad política para garantizar una amplia discusión sobre el Proyecto de Ley de Educación Superior radicado, y dar los pasos que conduzcan a la promulgación de una Ley que responda a los más altos intereses del país. Mientras se adelanta el debate en el Legislativo, se hace necesario asegurar para el año 2012 lo acordado con el Ministerio de Educación Nacional en cuanto a incrementar la base presupuestal en el IPC + 3 por ciento como mínimo, en la Ley General de Presupuesto, esto en razón a que la situación financiera de nuestras universidades es crítica e insostenible.

3. A la comunidad Universitaria: Informarse y participar activamente en los debates, expresando acuerdos y desacuerdos de manera respetuosa, poniendo de presente siempre el argumento y garantizando que nuestras universidades estén abiertas, con clases y con claros espacios de discusión para consolidar su carácter deliberante, autónomo y propositivo.

4. A la sociedad en general: Su confianza y acompañamiento en nuestro férreo compromiso y convicción de que las universidades públicas son el mayor y mejor patrimonio que tiene un pueblo para abordar las dificultades del momento y crear nuevos y mejores horizontes.

Fuente: http://www.elmundo.com/portal/vida/educacion/millares_rechazaron_reforma_a_la_ley_30.php