El Estado colombiano con su represión enriquece a la industria de las llamadas "ARMAS NO LETALES"

Para llorar

Domingo, 01 Septiembre 2013 06:58 

 

Por cada granada de humo blanco pagamos 43.880 pesos. Cada cartucho de gas nos vale 27.183 pesos. Se ha vuelto un lugar común decir que todos pierden con los paros. La frase es tan repetida como falsa. Hay unos que ganan –y ganan mucho- cada vez que hay una protesta. La industria de las llamadas “armas no letales” recibe multimillonarias utilidades por cuenta de la represión de las manifestaciones en Colombia y en el mundo. Los dueños de esa industria tienen a la vez intereses en negocios como la venta de productos lácteos o la calificación de riesgos en países como el nuestro.

El gas lacrimógeno es uno de los mejores negocios de esta época. A pesar de que la Organización de Naciones Unidas clasifica el gas lacrimógeno como un arma química, los poderosos intereses detrás de esta industria han logrado que su producto estrella se comercialice a nivel mundial como “arma no letal”


La mayor productora de gas lacrimógeno es una empresa llamada Combined Systems Inc. La compañía funciona en Jamestown, un pacífico pueblito con menos de 700 habitantes en Pensilvania, Estados Unidos.


De acuerdo con su página oficial su negocio es la “fabricación y suministro de municiones tácticas y dispositivos de control de masas a las fuerzas armadas, la policía, las autoridades carcelarias y las agencias de seguridad nacional en el mundo entero” (Ver link)


La compañía es una máquina de hacer dinero. Cuanto peor le vaya al mundo, mejor le va a ellos. Un reciente estudio adelantado por la profesora Anna Feigenbaum de la Universidad de Bornemouth en Gran Bretaña, prueba que durante los períodos de crisis económica se disparan los gastos antimotines.


El periodista Marcelo Justo hizo un completo reporte para BBC Mundo que muestra, entre otras revelaciones, el ejemplo de España. Mientras el gobierno de Rajoy recortó el presupuesto de 2013 en casi todas las áreas, empezando por salud y educación, hubo un aumento de 17 veces (!) en el renglón de ‘antidisturbios’. Los fondos pasaron de 173.000 euros a más de tres millones.(Ver vínculo)


Colombia es un gran comprador de Combined Systems. De acuerdo con una publicación de Source Watch los principales clientes de la compañía fabricante de gas lacrimógeno son en su orden: Estados Unidos, Israel, Egipto, Colombia y Yemen. (Ver vínculo)


En el año 2007, se registraron 800 protestas en Colombia. El 26 de diciembre de ese año -en medio de las celebraciones de navidad y año nuevo- el gobierno de entonces firmó a través de la Policía Nacional un contrato con los representantes locales de Combined Systems por US $2.262.936 (Ver portada contrato)


El objeto del contrato es la compra de granadas de gas, armas lanzagases y otras municiones antimotines. Quien firmó el contrato como directora administrativa y financiera de la Policía fue la entonces coronel Luz Marina Bustos Castañeda, hoy subdirectora general de la institución. La coronel Bustos ahora es general y con su firma ese contrato ha sido extendido y adicionado, hasta nuestros días, en cantidades multimillonarias.


Una de esas adiciones deja ver cuánto le cuesta cada disparo antimotines a los contribuyentes colombianos. Por cada granada de humo blanco pagamos $43.880. Cada cartucho de gas nos vale $27.183. (Ver valor gas)


Otro contrato, esta vez del Fondo Rotatorio de la Policía, indica que Colombia le compró a Combined Systems fusiles lanzagases por $242.604.960. (Ver fusiles lanzagases)


Los principales accionistas de Combined Systems son Point Lookout Capital Partners y The Carlyle Group. El grupo Carlyle es un conglomerado empresarial con múltiples intereses que van desde la banca internacional hasta la tecnología agropecuaria con Syangro Technologies, pasando por la producción de leche en la India con Tirumala Milk. Carlyle es dueño también de la calificadora de riesgos Duff and Phelps que evalúa la seguridad de las inversiones en países como Colombia.


Nuestro país es magnánimo con los conglomerados que explotan nuestros recursos y nos venden lo que no necesitamos en desarrollo de las ‘bondades’ del TLC. Al mismo tiempo es avaro con los campesinos que producen alimentos, severo con quienes se atreven a protestar y generoso con los vendedores de instrumentos para la represión.


Al final ellos se quedan con la plata y nosotros con las lágrimas. 

 

  Por: Daniel Coronell

Fuente: Revista Semana