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jueves, 31 de enero de 2019

Colombia: La rebeldía estudiantil contagia la pradera


Por: Manuel Humberto Restrepo Domínguez
Analista colombiano de Barómetro Internacional


2018 le deja a la corta historia del naciente siglo XXI una sólida movilización en defensa de la universidad pública y de la educación como derecho fundamental y bien común. A la vanguardia estudiantes de todas partes del país más diverso de América, en el que paradójicamente el gobierno se niega a reconocer a los indígenas (más de 100 pueblos) atacados y asesinados a diario o víctimas del exterminio (nasa, nukak makuk); invalida como sujetos de derechos universales a los campesinos (10 millones) contrariando una decisión de Naciones Unidas o invisibilizando a raizales, afros y palenqueros.

Los estudiantes tienen origen en todos esos lugares, son diversos, viven en barrios marginales, pequeños poblados, ciudades, campos, son indios, blancos, negros, campesinos, proceden en general de sectores populares, de familias humildes, son hijos y hermanos nacidos en la clase por fuera del poder.

Eso los ha convertido rápidamente en una esperanza, ya no solo para reivindicar lo que corresponde a las universidades, si no para jalonar otras transformaciones aplazadas. Son garantía por ser una voz más plural, son tratados como sujetos políticos y lograron sacudirse del estigma de vinculación con las insurgencias usada para invalidar su identidad propia.

Los estudiantes mostraron que tienen agenda propia, pero también voluntad para tejer la unidad con otras agendas con causa común en entender que la violación más grande a los derechos humanos es impedirle a un pueblo realizar su dignidad o negarle su educación. Saben que su lucha es real, pero de corto tiempo para no dejar ir su juventud en rebeldía.

Del paro nacional aprendieron que el gobierno es débil cuando discute porque no sabe hacerlo y comunicativamente su palabra es cerrada, nada sincera en lo que dice y portadora de medias verdades para provocar confusión. No necesitaron grandes estrategias para revelar la realidad oculta de crisis de las universidades, les bastó descorrer el velo de tapadera forjado con cifras maquilladas, indicadores y ventas de todo tipo, para poner al descubierto las goteras y fisuras en los edificios, las carencias para hacer la ciencia, el faltante del 70% de profesorado, cubierto con contratos precarizados y el elevado costo de matrículas que elimina oportunidades.

Le enseñaron al país que el nicho del éxito privado se nutre con el fracaso de lo público, y que la causa no era de calidad medida en sumas, si no de indiferencia de la clase en el poder para desalentar a los jóvenes y vender la idea de que así son las cosas y no se pueden cambiar.

Los jóvenes que edifican la universidad pública, dejan múltiples resignificaciones. Políticamente recuperaron su identidad como actor autónomo, capaz de confrontar civilmente al gobierno que no sabe dialogar si no imponer y lo desafiaron con 60 días de paro nacional, tomas de edificios universitarios, bloqueo de actividades de aula y resistencia a los desmedidos embates policiales.

Organizativamente, fueron de abajo hacia arriba, las asambleas locales deciden y la comisión de representación nacional negocia. La lucha se focalizó en la desfinanciación como eje principal y de ella se desprenden pliegos locales en un modo de acción y relación horizontal de la periferia al centro (su último encuentro preparatorio fue en Florencia, Caquetá, a 500 kilómetros de la capital).

Éticamente en la práctica cultivaron virtudes de solidaridad, amistad, compromiso intra e intergeneracional, defensa de derechos, construcción del dialogo y de una conducta emocional colectiva que recuperó su lugar como parte de las virtudes intelectuales.

Crearon confianza y supieron hablar de justicia y resaltar que la desigualdad incuba todos los males del país y pusieron en evidencia que los gobernantes no son garantía para promover su abolición, si no agentes comprometidos con sostenerla y que por eso les importa más la guerra que la educación, y no les causa pudor saber que un militar cuesta más y aporta menos que un profesor doctor, o un soldado cuesta más que un estudiante o la cacería a un objetivo de alto valor vale a mucho más que todas las prácticas académicas de una universidad entera.

La solvencia ética y sinceridad de los estudiantes, les permitió ser portadores de una carga de motivación que cambio la percepción negativa del paro y la protesta y lo valido como herramienta para evitar la extinción tanto de la universidad pública como institución autónoma (no dependiente de las orientaciones del gobierno) como del derecho mismo a la educación para la clase social excluida, que compone esa diversidad ocultada y olvidada en los territorios.

El cambio de percepción podrá permitirles a los estudiantes si así lo agendan, cobrar políticamente su victoria y hacer girar la movilización hacia una lucha frontal contra el injusto sistema de poder, que con sus anuncios de alzas, impuestos, exoneraciones y desgobierno total le echa más leña al fuego en su contra.

En manos de los estudiantes puede estar la salida hacia una gran transformación (aunque no haya conciencia plena de lo que está ocurriendo). En todo caso tendrán que hacer alianzas y unidad con los demás sectores y movimientos sociales, que de facto están listos para entrar en desobediencia civil ante el acumulado de desaciertos, engaños, reglas injustas y autoritarismo del estado y que fácilmente puede traducirse en una poderosa resistencia civil, contra la injusticia y falta de gobernabilidad y atacar directamente las técnicas de reproducción política hegemónica.

Los estudiantes trasmitieron lo que había que decir y promovieron la universidad pública no de espaldas si no comprometida con la sociedad y dejaron construido el escenario, definidos los conceptos, ganada la experiencia, superado el déficit de credibilidad respecto que es posible ganar cuando se lucha y de que nada es invencible. Solo parece faltar por definir el momento decisivo para empezar a confrontar civilmente y a fondo al poder, con la fuerza de la razón y con la rebeldía del estudiante que contagia la pradera, como ocurrió hace 100 años. Tienen legitimidad para convocar a dar un salto de poder que en todo caso no será al vació.

Fuente: nodal

martes, 17 de diciembre de 2013

Los campesinos advierten: acuerdos o paro

Hernán Camacho

Agencia Prensa Rural

Luego de al menos una docena de encuentros entre los campesinos agrupados en la Mesa Agropecuaria de Interlocución y Acuerdo (MIA) y el gobierno nacional, no se llega a acuerdos importantes para superar la crisis agropecuaria que originó el paro agrario nacional. Los campesinos advierten que de no existir avances en las negociaciones están dispuestos a volcarse nuevamente a las carreteras y continuar la movilización.

El común denominador de las mesas de conversaciones, instauradas por el gobierno Santos luego de meses de subestimar la fuerza del paro campesino, es el incumplimiento a los acuerdos y la dilación. La falta de voluntad política para concretar lo poco que se ha acordado colmó la paciencia de los campesinos, quienes elevaron un ultimátum: “O vemos avances o vamos al paro”.

Tres son las mesas de diálogo instaladas tras el paro nacional agrario y la movilización de las Dignidades Agropecuarias que entraron en crisis: La MIA, la Mesa de Acuerdo e Interlocución del Catatumbo y la mesa de negociaciones con las Dignidades Agropecuarias. En todas el gobierno repite un libreto bien aprendido para negociar: “Nada se puede hacer si está fuera de la política de la locomotora agropecuaria”. Política que justamente fue la causante de las movilizaciones campesinas que pusieron en jaque al gobierno hace apenas dos meses.

La mesa de diálogo instalada en Cúcuta, cuyo objetivo es darle solución a la crisis humanitaria que afecta al Catatumbo, es la única que ha avanzado en acuerdos, pero genera inconformidad el hecho de no aplicarse de manera inmediata los acuerdos sobre inversión en proyectos de desarrollo local para la región. La tensión se encuadra en el argumento que expuso el gobierno para no avanzar: ley de garantías.

“Necesitamos respuestas y nos movilizaremos las veces que sea necesario”, explicó Olga Quintero, vocera de la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat), quien además señaló que al término del año las comunidades están esperando avances en las negociaciones que hasta ahora han sido mínimos.

Entre tanto, del pliego de peticiones nacional entregado por la MIA nacional apenas se ha abordado un punto de los seis planteados: la sustitución de cultivos ilícitos. VOZ conoció un paquete propuestas originadas desde la MIA nacional y llevadas a la mesa de diálogo sin ningún resultado positivo. Se discuten, se reformulan, se estudian pero las descarta el gobierno nacional por considerarlas fuera del marco de la política agropecuaria trazada en el Plan Nacional de Desarrollo.

En medio del ambiente preelectoral el gobierno nacional juega con candela. El nivel más bajo de popularidad del presidente Juan Manuel Santos se dio justamente cuando menospreció las peticiones campesinas y subvaloró el paro agropecuario que se mantuvo a lo largo de seis semanas en todo el país.

La mofa gubernamental ante las peticiones campesinas y la respuesta policial violenta llenaron de solidaridad a quienes desde la ciudad seguían paso a paso los acontecimientos en las principales carreteras del país.

Los cacerolazos, las convocatorias inadvertidas para acompañar las pretensiones campesinas, pusieron en jaque la gobernabilidad del primer mandatario. A eso se ve abocado de nuevo el presidente, a menos de cinco meses de la contienda electoral.

“Lo viable sería llegar a unos acuerdos con los estudiantes movilizados en la MANE, con los campesino de la MIA y las Dignidades Agropecuarias. Pero por el contrario, cuando se acude al diálogo y las encuestas mejoran, el gobierno vuelve a la provocación y a la negación de cualquier solución”, comentó Olga Quintero, quien además señaló la necesidad de que el gobierno cambie la estrategia de negociación: “Debe ser inteligente en cumplir con lo acordado y demostrar su voluntad política en las conversaciones con el campesinado”.

Por último, los campesinos anunciaron que el12 y 13 de diciembre realizarían un gran encuentro con representantes de todo el país, para evaluar los avances en las negociaciones y las acciones que emprenderán para el primer semestre del 2014.

Fuente: Rebelión

viernes, 13 de septiembre de 2013

Colombia: Declaración política, Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular

Autor: Cumbre Nacional Agraria Campesina y Popular
Viernes 13 de Septiembre de 2013 11:28  

Con el impulso del reciente Paro Nacional Agrario y Popular donde nos movilizamos millones de personas a lo largo y ancho del país, hoy nos reunimos para lanzar la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular. Nos encontramos miles de hombres y mujeres, líderes de diversos sectores populares, para compartir reflexiones sobre los logros de la reciente movilización y para contribuir a la definición de las rutas de encuentro para avanzar en la unidad del movimiento popular colombiano.

El Paro Nacional Agrario y Popular ha sido un avance para el movimiento social colombiano, en especial para los sectores campesinos, indígenas y afros. El Paro representa la movilización más importante y contundente de los últimos años en el país. Podemos decir con orgullo que por primera vez en mucho tiempo, las campesinas y los campesinos logramos mostrarle a la sociedad colombiana nuestro poder de convocatoria para defender nuestra dignidad y nuestros derechos. Durante 24 días nos hemos movilizado en veintidós (22) departamentos del territorio nacional, para expresar nuestra inconformidad por las políticas de despojo, y desigualdad que se han lanzado contra los más humildes. A la vez, hemos puesto en discusión democrática una serie de exigencias, propuestas y soluciones, recogidas en diversos pliegos que recogen nuestros planteamientos.

Como el país y el mundo bien lo saben, la respuesta del gobierno a nuestras movilizaciones y planteamientos ha consistido en el excesivo uso de la fuerza contra civiles desarmados. Frente a nuestros pliegos y justas demandas, el gobierno respondió con la detención de nuestros líderes, con la militarización de los campos y las calles, y dándole un tratamiento de guerra a la justa protesta social. La represión gubernamental deja un saldo desolador, que incluye la pérdida de 12 vidas humanas, 4 personas desaparecidas, 660 casos de violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos en todo el país, 262 detenciones arbitrarias, 485 personas heridas, 21 personas heridas con arma de fuego, 52 casos de hostigamientos y amenazas contra los manifestantes y líderes sociales y 51 casos de ataques indiscriminados a la población civil en diferentes departamentos del país.

El Paro Nacional Agrario y Popular es una respuesta a la crisis del campo y del país en general generada por políticas que han empobrecido en especial a la población rural. Los gobiernos de turno han impulsado un modelo económico diseñado para favorecer a terratenientes, ganaderos y empresas transnacionales, desconociendo a las grandes mayorías campesinas, indígenas y afro. Se han impulsado acuerdos de libre comercio que han facilitado la importación de productos subsidiados que han quebrado a los pequeños productores colombianos. Se ha puesto en marcha una política de impulso a la gran minería transnacional que ha despojado a comunidades, que ha golpeado a los pequeños mineros, que ha acaparado el agua en las regiones y ha contaminado nuestros territorios. Como si fuera poco, el gobierno persigue a los cultivadores que guardan sus propias semillas para su producción, amenazando gravemente la soberanía y autonomía alimentaria nacional, y favoreciendo a los grandes monopolios globales que controlan las semillas y los insumos.

Nuestras propuestas han sido claras. Seguimos insistiendo en avanzar hacia una política de reforma agraria integral que reconozca los territorios colectivos indígenas y afro, que dote de la tierra y territorialidad necesaria al campesinado, y que desmonte los grandes latifundios que han concentrado la mayor parte de la tierra cultivable. También planteamos la derogatoria de las leyes que han incentivado el despojo, que han legalizado los robos de tierras, el desplazamiento, la apropiación indebida de baldíos y los títulos de tierras falsos auspiciados por notarios espurios. En lo inmediato, para buscar la salida a la crisis agraria, insistimos en la necesidad urgente de implementar medidas y acciones frente a la crisis de la producción agropecuaria, que incluyan el desmonte de las políticas de libre comercio, la anulación de los Tratados internacionales que afecten a los productores nacionales y el avance hacia una integración justa y solidaria entre los pueblos de América Latina y el mundo.

En ese marco, nuestros procesos han redactado pliegos que recogen nuestras propuestas para el campo colombiano. Exigimos tierras para los pueblos que las trabajan y las cuidan, el acceso a la propiedad y tenencia de la tierra, reconocimiento al territorio y la territorialidad campesina. Lo anterior solo se lograra con la adjudicación y dotación de tierras a los campesinos, indígenas y afrocolombianos. La compra directa de tierras en cantidad suficiente y de buena calidad y la titulación inmediata de las tierras baldías que ocupan los campesinos, que cumplen los requisitos para ser adjudicatarios. También exigimos que se declaren nulas las compras masivas de tierras que han hecho empresas nacionales y extranjeras violando la ley 160 de 1994. Detener la política de extranjerización de tierras y Detener la reformulación del tamaño de la Unidad Agrícola Familiar (UAF), y en todo caso no disminuir la extensión que actualmente está definida.

Exigimos que el Estado fije precios de sustentación para la producción campesina, que se garantice una remuneración efectiva a los productores, así como precios accesibles para los consumidores. Exigimos la reducción de los precios de los combustibles,de los precios de fertilizantes, insecticidas, abonos y demás insumos agropecuarios.

En materia de minería, nuestros pliegos rechazan la gran minería transnacional, promueven consultas populares para la definición de proyectos mineros, y la participación de los pequeños mineros en la formulación de la política agraria. También se plantean condiciones para la discusión pública de una ley marco de hidrocarburos que reoriente el manejo de la política petrolera para el bienestar y la soberanía nacional, y no para el lucro de las grandes empresas.

Exigimos una política de sustitución autónoma y concertada de cultivos de uso ilícito. Exigimos que se detengan las fumigaciones y la erradicación manual sobre los territorios, e insistimos que no se debe perseguir ni criminalizar al campesino cultivador, campesino que no debe ser tratado como delincuente, sino como víctima de los desaciertos de la política del Estado.

Luchamos por el reconocimiento político del campesinado. Exigimos que se adopten medidas y se cumplan las garantías reales para el ejercicio de los derechos políticos de la población rural, la inversión social en la población rural y urbana en educación, salud, vivienda, servicios públicos y vías. Creemos que la consulta previa también debe ser un derecho para el campesinado colombiano.

Las organizaciones, comunidades, pueblos, mujeres y hombres participantes de la Cumbre Nacional Agraria, Campesina y Popular, rechazamos el Pacto Agrario impulsado por el gobierno de Santos. Consideramos que es la reedición del nefasto Pacto del Chicoral que agrupó a los terratenientes para detener una posible reforma agraria. La gran diferencia radica en que hoy los grandes propietarios e inversionistas del campo quieren aliarse con los pequeños productores para apropiarse de su trabajo y de su sudor. Por esa razón desconocemos al nuevo Ministro de Agricultura, representante de un modelo de agronegocios que ha sido agente de contaminación ambiental, despojo, persecución al movimiento sindical y desmejoramiento de las condiciones laborales de los trabajadores. No creemos que sea la persona adecuada para impulsar la política agraria que necesita el país. Seguiremos construyendo nuestros pliegos, mandatos y planes de vida como camino a la defensa del campo y sus habitantes más humildes.

Hoy es el momento de que se consoliden propuestas desde los distintos sectores de la sociedad, pero en concreto que el campesinado, los afrodescendientes y por supuesto los indígenas, desde sus vivencias construyan espacios y soluciones a sus problemas, es el momento en que puedan opinar y decidir sobre su futuro. Hoy nuevamente debemos estar al frente de nuestros problemas, y asumirlos con la valentía y compromiso que nos da este momento histórico.

Es necesario avanzar en la construcción de la cumbre agraria y popular teniendo en cuenta que la movilizacion no es algo que haya terminado, es un proceso que esta en curso, como determinante del ejercicio de soberanía popular, que siente las bases para el camino de construcción colectiva, que contribuya a la UNIDAD en la acción de las diversas organizaciones que confluimos en este espacio.

Por lo tanto, buscamos construir el proceso de resistencia y movilización social para recoger y articular los acumulados de lucha, anhelos y clamor, de transformación social del pueblo colombiano, para traducirlos en una propuesta alternativa. Así también buscamos elaborar a partir de políticas democráticas y populares formuladas en mandatos o leyes, que sienten las bases de construcción de un nuevo pacto social por la paz y la vida digna, que recojan los deseos, sueños y anhelos de paz con justicia social de las colombianas y colombianos de a pie, de la cuadra, el barrio, el pueblo, municipio, vereda, corregimiento, región, gremio, convite, sector y/o proceso organizativo.

Es por eso que hacemos un llamado a todos los campesinos y campesinas, indígenas y afro descendientes de Colombia, organizaciones agrarias y populares, como también al conjunto de la población colombiana, a que nos juntemos en la cumbre agraria y popular a realizarse en el mes de octubre de 2013 en Bogotá con la participación masiva de los diversos sectores populares y sociales, que permitan construir las propuestas, soluciones que darán respuesta al conflicto agrario y social que vivimos. Invitamos a construir nuestra iniciativa de Paz con Justicia Social.

Lean y compartan el Llamamiento de Yakarta!

miércoles, 3 de julio de 2013

Respaldo a la protesta social en el Catatumbo

La Organización Nacional Indígena de Colombia, Autoridad Nacional de Gobierno Indígena  respalda la justa movilización del sector campesino en la zona del Catatumbo en el departamento de Norte de Santander, repudiamos la manera como hoy las Fuerzas Militares y la Policía reprimen con fuego a los miles de manifestantes, nos preguntamos ¿será acaso esta la forma de encontrar el camino a la paz?, asesinando líderes sociales y comunitarios, cuyo único error fue reclamar lo justo, reclamar atención estatal y mejores condiciones para una vida digna.

Presidente Santos, la movilización social en el Catatumbo no se hace sólo porque la población este inconforme con su gobierno, se hace porque desde hace más de cinco décadas la región fue abandonada y enterrada en el olvido sistemáticamente por todos los gobiernos, por eso en 1986, en 1996, en 1998 y ahora en 2013 se moviliza la población, y en esta ocasión nuevamente la protesta social se responde con represión y asesinatos. Señor presidente su gobierno no puede continuar repitiendo la historia y no aprender del pasado, es hora de que se mire con la importancia que reviste la situación del sector agrario, no solo en el Catatumbo sino en toda Colombia.

Lamentamos el asesinato de nuestros cuatro hermanos campesinos y exigimos a los organismos competentes avanzar pronto en la investigación para judicializar a los responsables y evitar que estos crímenes queden en la impunidad. De igual manera manifestamos nuestro rechazo a las acciones desmedidas cometidas por la fuerza pública, y los señalamientos que han hecho el presidente Juan Manuel Santos, el ministro de defensa Juan Carlos Pinzón y el general Palomino que pretenden mostrar la protesta social como un acto de la insurgencia.

Llamamos a la solidaridad a las diferentes organizaciones e instituciones defensoras de derechos humanos y a la opinión pública, para que se sumen a esta protesta social en favor de dignidad de los campesinos del Catatumbo.

Por último, como Organización Nacional manifestamos que estamos dispuestos a movilizarnos desde diferentes partes del país hacia el Catatumbo en respaldo y solidaridad con nuestros hermanos campesinos de no darse una salida inmediata a la grave situación en la zona.

Bogotá, 27 de junio de 2013

Organización Nacional Indígena de Colombia
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Tels (57+1)284 21 68 – 281 18 45
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