Mientras algunas universidades privadas están en la mira, la situación en el sector público amenaza con explotar.
Todos los actores de la educación pública concuerdan con que las
reformas son urgentes, pues en las universidades campea la politiquería,
la mediocridad académica y la falta crónica de presupuesto.
Mientras los colombianos no paran de sorprenderse
con los escándalos producidos por los malos manejos de algunas
instituciones educativas privadas del país, como la Universidad San
Martín o la Rafael Núñez de Cartagena, en los últimos meses se ha
acrecentado una crisis en la mayoría de las universidades públicas
regionales que amenaza con estallar en cualquier momento.
Gran
parte de las 32 universidades públicas regionales tienen serios
problemas que van más allá de los financieros. Allí no solo se palpa la
falta de calidad y los enredos presupuestales, sino que surgen también
enormes líos de gobernabilidad. Huelgas, salones abarrotados y edificios
decaídos; rectores ultrapoderosos, nepotismo, pujas internas de poder y
denuncias de corrupción y politiquería son cada vez más frecuentes. Ese
desgobierno es un cáncer que nadie trató durante años y que ha hecho
una metástasis tan peligrosa, que requiere medidas urgentes.
Una
muestra de la falta de control y desgreño que se apoderó de las
universidades públicas medianas y pequeñas es la Universidad Distrital.
Desde hace varios años un grupo de exrectores, profesores y políticos se
la tomó a través de la elección amañada de los miembros del Consejo
Superior y la rectoría, todo con el fin de sacarle provecho personal a
los recursos del Estado. Pensiones millonarias exprés o ilegales,
corrupción en la contratación y amiguismo son el pan diario de cada día,
sin que pase nada.
Para la mayoría de los expertos consultados,
todo comenzó con la Ley 30 de 1992 que si bien les dio a las
universidades presupuestos permanentes, autonomía para autogobernarse y
administrarse, terminó siendo un arma de doble filo. Entre 1993 y 2011
el número de alumnos matriculados de todas las universidades estatales
creció 232 por ciento, pero los recursos solo aumentaron 80 por ciento.
Para 2013, según un informe del Sistema de Universidades Estatales
(SUE), el déficit de la educación pública superior ya alcanzaba 11,2
billones de pesos, un monto cercano al hueco que tiene el presupuesto
del gobierno para 2015.
Así, al tener presupuestos fijos, las
universidades fueron quedando cada vez con menos dinero, y el resultado
es hoy por hoy una educación pública con los recursos de 1992 y las
necesidades de 2014. Como escribió el economista Salomón Kalmanovitz en
el diario El Espectador: “Las universidades sufrieron una reducción de
40 por ciento en los recursos por estudiante. Este estrangulamiento
forzó a las universidades públicas a generar recursos propios, a vender
consultoría y extensión y, sobre todo, a aumentar matrículas”.
En
universidades como la Francisco de Paula Santander de Cúcuta, las
matrículas se duplicaron en los últimos años, pero esos recursos no se
ven en las instalaciones. Como le dijo a SEMANA un estudiante de esa
institución, los salones “viven llenos y sin ningún espacio”. En la
Universidad Distrital, algunas facultades reciben casi tres veces más
estudiantes de lo que pueden, y los millonarios recursos que reciben se
esfuman en contrataciones y pagos de servicios sin que se vean
reflejados en la infraestructura. De hecho, el estado de la mayoría de
los campus universitarios es lamentable.
Y como no hay para
construir salones, ni contratar más y mejores profesores, mucho menos
dinero puede invertirse en investigación y calidad. Las cifras ya lo
demuestran. Solo 14 de las 32 universidades públicas tienen un
reconocimiento de alta calidad, y de los 4.942 programas que ofrecen
apenas 420 son premium, es decir, 8 por ciento.
El drama no
termina ahí. Para rematar hay una creciente ingobernabilidad en los
campus, en los que se viven feroces peleas por los cargos directivos o
por el control de los puestos y los contratos, pues en varios
departamentos, el presupuesto de la universidad equivale a los de las
capitales. En Florencia muchos dicen que el rector de la Universidad de
la Amazonia es el segundo hombre más poderoso de Caquetá después del
gobernador. Otro caso es el de la Universidad Pedagógica y Tecnológica
de Colombia (UPTC), de Boyacá, que tiene un presupuesto comparable al de
Tunja. Pero un rector tiene menos control mediático y de los órganos de
vigilancia que un secretario de Obras o de Educación.
El poder de los consejos
Para
tomarse el control de las universidades, los políticos, profesores o
contratistas luchan por tener el manejo de los Consejos Superiores
Universitarios, pues son los encargados de nombrar los rectores. En casi
todas las instituciones de educación superior, los consejos están
conformados por nueve delegados: uno del ministerio de Educación, uno
del presidente de la República, uno de la Gobernación, uno de las
directivas académicas, uno de los docentes, uno de los egresados, uno de
los estudiantes, uno del sector productivo y uno de los exrectores. En
teoría, esa estructura debería asegurar cierta pluralidad e
independencia, pero la realidad es distinta: muchos delegados terminan
capturados por los gamonales y por quienes ya detentan el poder.
El
método predominante para garantizar el control de la universidad es,
además de tomarse el Consejo, cambiar las reglas de juego antes de cada
elección de rector, amparado en la autonomía universitaria y en el poder
casi absoluto del consejo. Así se garantiza la permanencia de un rector
o se asegura que un solo candidato cumpla los requisitos de una
elección. Un ejemplo es la UPTC. En medio de protestas estudiantiles, el
pasado noviembre el Consejo cambió un artículo que permitió la
reelección de Gustavo Orlando Álvarez. El delegado del gobierno nacional
terminó por abstenerse, pues dijo que de lo contrario habría incurrido
en un prevaricato.
La Universidad Popular del Cesar también está
en huelga desde hace un mes por ese problema. El Consejo, de cara a las
elecciones de 2015, decidió cambiar las reglas de juego para favorecer a
un solo candidato y acabar con las consultas abiertas que se hacían con
el estudiantado. En la última década, en 20 de las 32 universidades
públicas ha habido reelecciones, y hoy hay 15 rectores en su segundo,
tercer, cuarto o hasta quinto periodo consecutivo.
Un caso
particular es la Universidad Tecnológica de Pereira, donde el rector
Luis Enrique Arango duró 15 años y fue reelegido varias veces sin tener
en algunos casos un contendor. Hace poco en su
reemplazo fue
nombrado Luis Fernando Gaviria Trujillo. También está el caso del actual
rector encargado de la Universidad Distrital, Rafael Vergara, quien se
ha mantenido en su puesto a pesar de tener al alcalde Gustavo Petro y a
la Nación en su contra.
Esa falta de transparencia ha
comprometido la independencia de los rectores, quienes muchas veces
cuentan con un fuerte respaldo político y terminan pagándolo con
puestos, becas y cupos. Los egresados de la Universidad de Sucre
eligieron esta semana a Juan Carlos Ríos como su nuevo representante en
el Consejo. Según una investigación de La Silla Vacía, Ríos es ficha del
político Yahír Acuña que tiene una estrategia para conquistar la
universidad.
Por su parte, la del Pacífico atraviesa ahora una
terrible crisis de gobernabilidad. Desde 2012 la rectoría de Florencio
Candelo logró aumentar el presupuesto, sanear las cuentas y aumentar los
profesores de planta. Pero el dinero terminó generando enfrentamientos
con la mayoría del Consejo, que lo acusa de ser ficha de un senador. Sus
partidarios dicen que detrás de las denuncias está otro poderoso
político.
A este panorama gris se suman algunos claros casos de
corrupción. La falta de controles en las universidades públicas permite
abusos inimaginables. El más reciente se dio en las Unidades
Tecnológicas de Santander. El 20 de noviembre, la Procuraduría suspendió
al rector Óscar Orozco y a otros tres funcionarios por aparentes
irregularidades en una licitación de 20.000 millones de pesos. También
el Consejo de Estado falló en junio contra del nombramiento de 40
docentes de la Uniamazonia. Estos se adelantaron mediante convocatorias
amañadas que dejaron al descubierto que varios de ellos ni siquiera eran
profesionales y que otros eran cercanos, según los sindicatos, al
entonces rector Luis Eduardo Torres.
¿Qué hacer?
El
presidente Juan Manuel Santos buscó resolver uno de los problemas más
importantes de la educación, la baja cobertura, a través de una reforma
en 2011. Pero fracasó luego de que su iniciativa chocó de frente contra
los intereses de los movimientos estudiantiles y desató protestas
masivas.
Tanto el sector académico, conformado por estudiantes y
profesores, como el Estado están de acuerdo con que la crisis de
gobernabilidad de las universidades públicas tocó fondo. En lo que no
concuerdan es en la manera como se deben solucionar los problemas. Por
una parte profesores y estudiantes quieren disminuir el poder de los CSU
a través de una profundización de la democracia directa en las
universidades, es decir, que los rectores se escojan de manera pública y
abierta. El gobierno quiere fortalecer los mecanismos de control sin
afectar mucho la estructura organizativa de las universidades.
En
este sentido Amaury Nuñez, portavoz de la Mesa Amplia Nacional
Estudiantil (Mane) dice que “el problema es de todo el sistema
universitario del Estado. El gobierno irrespeta la autonomía, direcciona
las elecciones, nombran rectores para pagar favores, por encima de las
consultas de los estudiantes. Es un sistema antidemocrático, donde la
mayoría que controla la universidad es política”. En 2013, la Mane
presentó una iniciativa de reforma que busca darles más poder a los
estudiantes y los profesores mediante la creación de Asambleas Generales
y de un sufragio universal que les permite a ellos mismos elegir a sus
rectores.
La senadora del partido Alianza Verde Claudia López,
que sigue de cerca la educación superior, dice que a “la autonomía
universitaria hay que defenderla”, pero sostiene que lo que hay que
reformar con urgencia es la Ley 30. Propone un presupuesto base per
cápita para las universidades y un financiamiento adicional para los
programas de excelencia. E insiste en que hay que establecer reglas
comunes para elegir rectores y garantizar más democracia en la
universidad. Advierte, además, que si el gobierno no lidera los cambios,
su partido presentará un proyecto de ley en la próxima legislatura.
Entre
tanto, el gobierno ya presentó su Acuerdo por lo Superior 2034, una
política que busca la excelencia en ese sector, pero carece de
propuestas concretas para arreglar los problemas financieros, académicos
y administrativos de las instituciones de educación superior. Incluso,
desde que estalló el escándalo de la Universidad San Martín, la ministra
de Educación, Gina Parody, decidió presentar un proyecto de ley de
control y vigilancia que le da dientes a su cartera para prevenir los
abusos. Pero muchos esperan que ahora vaya más allá y se enfrente al
chicharrón de las universidades públicas.
Sin embargo buena parte
de los profesores y estudiantes cree que las intenciones de gobierno no
van dirigidas a solucionar el problema sino que precisamente pretenden
utilizar la crisis de gobernabilidad para recortar la autonomía
universitaria. “Nosotros los profesores no estamos en contra de que los
funcionarios de las universidades sean vigilados por los entes de
control, lo que criticamos es que el gobierno no quiere llevar a cabo un
verdadera reforma que democratice las universidades y le quite el poder
a los Consejos Superiores. En cambio el gobierno quiere que el
ministerio asuma funciones de vigilancia que pueden lesionar la
autonomía” afirma Gonzalo Arango, miembro de la Federación de Profesores
Universitarios.
La situación parece agravarse cada vez más, y a
pesar de que gobierno y sector académico tienen en sus manos propuestas
para remediar, la falta de diálogo y confianza entre ambos no ha
permitido que se avance. Mientras que no haya una reforma estructural a
la Ley 30 y a la educación superior pública, las universidades seguirán
en la olla.
Fuente: Semana.com
