por
MIGUEL SUÁREZ
El "Gran pacto agrario" citado con bombos y platillos por el gobierno
nacional, para ser sellado el pasado 12 de septiembre, resultó
lánguido, mediocre y justificador de los intereses más próximos a la
casa Santos. El acuerdo que condujo a la finalización de la movilización
campesina escenificada por los paperos en Boyacá, Cundinamarca y
Nariño, debía marcar la hoja de ruta para la construcción de un Pacto
agrario nacional con el cual, y desde el cual, los sectores del campo,
en conjunto, negociaran de cara y en confrontación a los postulados del
ejecutivo; una nueva realidad para el campo.
Aquel segundo jueves de septiembre, en el cruce de la calle 53 y la
carrera 68, en la asfaltada Bogotá, en medio del insípido ambiente que
producía un auditorio de grises pisos y altos techos, hubo el intento de
concentrar a algunos esquivos delegados del campesinado, que bloqueó
por varios días, durante el insólito paro nacional agrario, carreteras,
evidenciando con su protesta, que a pesar de todo, y de las frases que
diga el alto gobierno en Colombia continúan gobernando de espalda a las
mayorías.
Largas paredes de ladrillo daban algo de color al salón donde
instalaron una inmensa mesa redonda. Un intento inepto del gobierno por
propiciar un escenario de diálogo –cara a cara– con quienes se enfrentó
pocos días antes. La cita resultó todo un fracaso en la convocatoria.
Por lo menos, esa fue la apariencia ante la ausencia de delegados de
Dignidad Papera –principal expresión de los paperos cundiboyacenses y
nariñenses–, de la Mesa de Interlocución Agraria –MIA–, así como del
Coordinador Nacional Agrario –CNA.
Teatro, fracaso aparente...
Las sillas vacías no eran la imagen de un capricho. No. La ausencia
de los delegados campesinos expresaba con dignidad, en medio del
profundo silencio que subía de los asientos dispuestos para que los
ocuparan, una honda razón: el rechazo a la presencia en igual escenario
de todos aquellos que han hecho del campo un surco de dolores: la
Sociedad de Agricultores de Colombia, la Federación Nacional de
Cafeteros y otras tantas estructuras decadentes, defensoras de
terratenientes y capitalistas del campo. El silencio que emanaba la
ausencia del campesinado pobre y medio, era la manera de recordar al
Ejecutivo, que para llegar a la aceptación de esta cita –de inicio de un
diálogo para construir una política agraria de nuevo cuño– fueron
necesarios una docena de muertos y más de 300 heridos.
La cita, transformada en un escenario para un acuerdo
terrateteniente-oligarca por el campo, fue por tanto un triunfo para el
Ejecutivo, y un fracaso para quienes no tienen sino el bloqueo y la
protesta como mecanismo para ser escuchados.
Así fue ahora, y así ha sido por décadas que suman por lo menos un
siglo, en un país donde el modelo agro exportador lleva ya largos
lustros bajo la tierra, pues ni el café ni ningún producto tradicional
repunta en los mercados internacionales, hecho que hace normal, que los
grandes gremios del agro, con sus aliados internacionales, clamen por un
impulso al campo que les permita la constitución de un nuevo andamiaje,
articulado a los promisorios renglones del biodiesel, la especulación
financiera y el comercio neoliberal.
Una vez realizado el teatro por parte de los ricos y terratenientes
de siempre, pusieron a rodar la obra. Múltiples analistas definieron
este "pacto agrario nacional" como la reedición del Pacto de Chicoral.
Acuerdo que mal recuerdo de 'los de arriba' por medio del cual hubo vía
institucional a la represión que confrontó el alzamiento campesino por
el derecho a la tierra, liderado entonces, por la Asociación Nacional de
Usuarios Campesinos –Anuc.
Pero, aunque Pacto o acuerdo terrateniente y oligarca, el de ayer y
el de hoy tienen soporte sobre circunstancias distintas. La toma de
tierras 'ayer' liderada por la Anuc, única estructura que agremiaba a
los campesinos, es muy diferente a la diversidad entusiasta del
movimiento nacional agrario nacido en el paro nacional. Esta última, con
base en diversidad de organizaciones, siglas, creadora espontaneidad y
propósitos. Los hechos que ocurrieron entre agosto y septiembre del 2013
son un cuestionamiento a la economía y la política del régimen hacia el
agro, aprovechado mediática, política y económicamente por sectores de
las clases dominantes, con total apoyo oficial, para recuperar su
fisionomía, esta vez como empresarios del campo. Por tanto no es una
reacción de resistencia –defensiva– de la propiedad de la tierra, sino
un acto ofensivo, de fuerza para reconstituir el proyecto agrario de los
de arriba: en Chicoral había un status que defender, en el pacto
acordado en el anterior mes de septiembre, de compensar un status para
trasformar.
Nuevo campo: ¿sin campesinos?
Artilugios, discursos y confrontaciones anteriores y simultáneos con
el pacto agrario; terminaron con resultados favorables para las elites,
detrás de la larga lista de principios neoliberales y eufemismos con
explicación en la infografía que acompaña esta nota. El aspecto sesudo
de la sesión de instalación de este "gran pacto agrario", fue sentar las
bases políticas de Estado para la transformación rural. Definir
cimiento por cimiento, la carrera por erradicar de campesinos al campo.
Al efecto, en una mirada de modernización agraria, el Ejecutivo
nacional, con el ministro de Agricultura Lizarralde como gran reformador
–apegado a su experiencia en Indupalma- busca:
- Primero: Adentrar en una política de igualación de
servicios sociales e infraestructura en el campo, que sea favorable a
los grandes planes internacionales de articulación del potencial agrario
del país con el mercado global. Los diseños de programas de vivienda y
repoblamiento, así como el plan vial, marcan el camino en el diseño de
centros de poblamiento y rutas de circulación, alrededor de productos
como palma, caña, cultivos promisorios para agrocombustibles y la
minería a gran escala. En síntesis, una gran masa de trabajadores
agrícolas concentrados en puntos estratégicos del territorio nacional.
- Segundo: Resolver el vacío jurídico sobre la
propiedad de la tierra, y un sanear la deuda que se tiene con la
titulación de pequeños y medianos campesinos. Al tiempo, promueven
reformas legales y de facto para permitir la acaparación de tierras
(bajo la figura de Unidades Agrícolas Familiares, hoy violatoria de la
ley 160 de 1994) por parte de los grandes capitales. Como quien dice,
entre-abren una ventana a los campesinos para abrirle de par en par la
puerta a los empresarios.
- Tercero: Acelerar el paso en la consolidación del
modelo de las alianzas productivas entre pequeños y grandes productores,
que enorgullece al nuevo ministro de Agricultura, cuya realidad
significa quitarle el derecho de decisión al campesino sobre qué, cuando
y cómo siembra en sus propias tierras, y por acto de la extorsión de la
rentabilidad económica, ponerlo en las mismas condiciones que un
trabajador desposeído laborando en una tierra que de facto ya no es o no
será la suya. Usarán con toda habilidad el convencimiento –de supuestos
beneficios– de campesinos individuales, cooperativas y asociaciones
agropecuarias.
- Cuarto: Disponer las hectáreas cultivables del
país para "aprovechar en forma efectiva el potencial productivo [...]
mediante políticas de apoyo y fomento a la productividad y la
competitividad". Una medida que no es más, que descansar todo el
potencial de fomento agrícola del Estado en virtud del desarrollo de
cultivos promisorios –ya referenciados– rentables para los grandes
capitales, los mismos que al privilegiar los tratados de libre comercio,
impiden cualquier rasgo de soberanía alimentaria.
- Quinto: Generar un ambiente de extinción del
campesinado, labrando una amplia capa de trabajadores rurales con empleo
formalizado, y con condiciones laborales aceptables, vinculados a la
creciente agroindustria. Sin más propiedad que su propia fuerza de
trabajo, el otrora campesino debe ingresar como un clásico obrero a la
rueda de la producción, extinguiendo la relación que los agricultores
tienen con la tierra, dadora de los productos de su propia manutención.
- Sexto: Dar un vuelco al Ministerio de Agricultura,
al Incoder, al Banco Agrario y la restante institucionalidad rural,
junto con el importante presupuesto que destinan a la cartera agraria,
ajustándose a este nuevo modelo de desarrollo rural sin "los arcaicos"
pobladores del campo. Todo esto, con financiación a través del
presupuesto público, que girará en torno a la profundización eficaz del
neoliberalismo agrario.
¿Santos cumplirá?
Abierto el interrogante acerca de si el Gobierno cumplirá con los
acuerdos firmados a dos manos, con los campesinos en movilización en
días pasados por gran parte del país, cabe pensar que el único
cumplimiento posible, profundo y real del gobierno nacional; será con
quienes pactó: Con las decadentes asociaciones agrarias de las élites.
Santos cumplirá pero a quienes siempre utilizan y se sirven, del poder.
Fuente: Desdeabajo
