¡QUE CONTINÚE LA REVOLUCIÓN!

Por Mario Domínguez

Este texto es una reflexión en contra de la Reforma a la Ley 30 de Educación Superior, pues “obedece a una lógica mercantil” y a “una política con énfasis tecnocráticos y macroeconómicos”, por tanto es una reforma “neoliberal”. Además, porque atenta contra el “sagrado” derecho a la educación, pues pretende la privatización de la universidad pública, lo que genera inequidad, ya que se reduce la posibilidad de acceso a la educación superior a las personas de bajos recursos.

Este texto se presenta además como un comunicado de apoyo a la revolución que los Jóvenes de las distintas universidades del país han iniciado en procura de la No-privatización de la universidad pública.

Quiero iniciar indicando que entiendo por Revolución un resistirse a que las cosas sigan siendo como son y un procurar que vayan lo mejor posible.

Hoy los colombianos, específicamente los jóvenes, se han volcado a las calles y han entrado en cese de actividades académicas, en actitud revolucionaria, precisamente, porque no les gusta como están las cosas y quieren que vayan mejor. El presidente Santos ha propuesto una reforma “neoliberal” a la ley 30 de educación superior que procura la privatización de la educación misma. Ante un acto criminal como este es preciso revelarse, pues no puede permitirse que la educación se convierta en un privilegio, cuando es un derecho, según se especifica en el Art. 67 de la Constitución Política de Colombia y se ratifica en el Art. 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, según la cual, la educación “debe ser gratuita” y accesible para todos.

En caso de darse una reforma a la educación esta debe partir de de la comunidad, de los colombianos, no del gobierno como efectivamente pasa. El pasado 6 de mayo la Universidad de Antioquia realizó el panel La calidad de la educación en el contexto a la reforma a la Ley 30 –elementos para el análisis-,  y en dicho panel, según Guillermo Londoño Restrepo, quien participó como moderador del panel La calidad en la educación superior,  “expertos nacionales hicieron la lectura de la  propuesta y concordaron en señalar que si bien el país requiere una ley para la educación superior, ella debería corresponder a una política sólida para el desarrollo y fomento de la educación superior, más que para su regulación y control por parte del Estado...” (Suplemento ALMA MATER, Nº 300, Medellín, Mayo 19 de 2001, p, 3.). Un proyecto reformista como es el de la reforma a la educación superior “debería corresponder a una política de Estado, más que de gobierno, que entienda la educación como estrategia soporte del proyecto de Nación, que tenga presente que ella es un derecho fundamental de la persona y un bien público”, señala Londoño (Ibíd., p, 4.).

La revolución debe continuar hasta que el gobierno asuma su responsabilidad de garantizar la financiación de la universidad pública, pues esta es una obligación suya. Se supone que los impuestos que pagamos los colombianos son para subsidiar los bienes públicos, tales como la educación. He aquí la pregunta que muchos nos hacemos a raíz de esta problemática ¿dónde está el dinero de los impuestos que pagamos?

En un comunicado audiovisual, en el que varios actores colombianos muestran su desacuerdo  a  la Reforma Neoliberal de Santos, dice Hernán Méndez “la privatización de la educación convierte automáticamente a las universidades en empresas comerciales, por tanto obedecen a un lógica mercantil”. Pues bien, la única lógica a la que deben obedecer las universidades ha de ser la del “pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales” tal como lo indica la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Exhorto por tanto a los colombianos a mantener su lucha, a seguir defendiendo sus derechos, a revelarse contra las injusticias e inequidades. En procura de la No-privatización de la universidad pública; esto es, en repudio a la reforma a la Ley 30 de educación superior ¡QUE CONTINÚE LA REVOLUCIÓN!