Honorables Congresistas
Una reforma a la educación superior debe responder a la pregunta: ¿Es éste realmente el modelo de educación superior que Colombia quiere tener en los próximos años? Infortunadamente el polémico proyecto Nro. 112 de 2011, radicado en la Cámara de Representantes, "por el cual se organiza el sistema de educación superior y se regula la prestación del servicio público de la educación superior" no responde a esta pregunta.
La propuesta de reforma no evalúa integralmente la educación superior, sino que es una respuesta efectista para mostrar aumento de cobertura. No es una ley de educación superior, es una ley de matrícula universitaria, que es diferente.
Podría pensarse que a mayor cobertura, mejor educación y mayor crecimiento; pero no necesariamente esta es la manera de construir los rieles de la locomotora de la prosperidad que anuncia el actual Gobierno.
Más allá de los beneficios que representa el deseo de universalizar la educación superior, debe evitarse la equívoca conclusión de que más población con estudio superior significa más empleo. Esto es posible, en parte, cuando el conocimiento se incrementa con formación soportada en investigación, en tecnología y en un real compromiso con el sector productivo y con los planes estructurales de país y de todos los sectores de la economía, pero la Ley propuesta no responde a esto. Anunciar más dinero, vía regalías, para investigación, es sólo una promesa, que se puede perder si no hay sentido real de lo que se quiere y necesita investigar.
¿En dónde está la participación de los empresarios, de la escuela secundaria, de las comunidades locales, de las ONGs y de los otros ministerios del Ejecutivo en el análisis y discusión rigurosa de la propuesta? La explicación del Ministerio de Educación Nacional en el sentido de que la reforma fue ampliamente discutida en el país, en foros regionales y en su página web no es suficiente. Una cosa es discutir en torno de una propuesta, cocinada en las oficinas del MEN y a espaldas de las universidades y los rectores, y otra preguntar al país y a los expertos sobre lo que desean de su educación superior.
Temas como unión con el sector productivo, internacionalización, bilingüismo, pertinencia educativa, calidad docente y compromiso social, entre otros, son un saludo a la bandera, y no aportan valor alguno a lo que ya estaba en la Ley 30 de 1992, que tampoco era mucho.
El único resultado medible en el mediano plazo es que se incrementará el nivel mínimo de formación exigible a cualquier empleado y que habrá más egresados de la educación superior con salarios bajos, sin que necesariamente los niveles de empleo hayan aumentado.
En la última década hemos venido construyendo un país de técnicos, que son mano de obra especialmente para muchas empresas extranjeras que han visto en la economía colombiana un resguardo a sus inversiones, y eso ha disimulado las tasas de empleo. ¿Qué pasará con esos miles de colombianos en caso de una migración de capitales al exterior? Su formación difícilmente les permitirá crear nuevas opciones laborales. ¿Cuál es el proyecto económico y social de nación que permitirá orientar mega estrategias del Estado para consolidarnos como potencial mundial en algo?
Cuando el país no ha terminado de cerrar la discusión sobre qué es y hasta dónde debe llegar la formación técnica y tecnológica (erróneamente aplicada con respecto a su esencia con el modelo de ciclos propedéuticos), la propuesta de reforma le da un nefasto golpe al permitir que las IES que no son universidades puedan ofertar programas de toda índole, en aras de una autonomía cuestionable por escaso fundamento en investigación y conocimiento propio.
En el nuevo panorama, a qué institución de educación superior le va a interesar crear una infraestructura de verdadera formación técnica y tecnológica (la que de verdad genera conocimientos mediante laboratorios de investigación de punta), cuando con la nueva ley se incentiva que crezcan hacia formación profesional, que es más rentable para ellos?, cuando tienen la feroz e inequitativa competencia del Sena y cuando enfrentan el fantasma de las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano que, con menos control y un verdadero y oficializado ánimo de lucro, también ofertan programas técnicos (porque el sistema, en su afán de mostrar titulaciones, se ha encargado de borrar las fronteras entre los técnicos laborales de los técnicos profesionales)?
Si se quiere concebir un verdadero sistema de educación superior que incluya a todos los componentes activos, ¿por qué no se legisla integralmente con la formación de estas instituciones de educación informal, que inclusive agrupan más colombianos que la educación superior formal?
Así mismo, ¿a qué gran universidad le va a interesar ir más allá de lo que hace actualmente, cuando entrará a competir por estudiantes, de una manera desigual, con instituciones sin trayectoria académica, sin suficiente infraestructura ni docentes calificados que de un momento a otro comenzarán a ofertar programas del nivel profesional y posgrados?
La autonomía no es un ejercicio administrativo de rendición de cuentas posteriores. Cuando de lo que se trata es de educación y de la responsabilidad social de formar generaciones enteras en una disciplina y un proyecto de vida académico, la esencia de la autonomía está en el empoderamiento que adquieren las instituciones que, como producto de su experiencia, conocimiento, investigación y autoridad académica, pueden garantizar a la sociedad la seriedad de su proyecto. Lo contrario es someter a miles de jóvenes a ser chivos expiatorios de instituciones que, seguramente con buena voluntad, no tienen el aval y el suficiente dominio intelectual para decirle a la sociedad quién es o no un verdadero profesional.
¿Y la calidad? Tal vez es la principal sacrificada con la propuesta, no obstante la invitación del Gobierno a no dejarnos engañar. Más estudiantes implica menor promedio de calidad en ellos; necesita más profesores cualificados y, por ende, más dinero... siempre limitado. Y cuando la investigación parece un deseo pero no un imperativo de las funciones sustantivas de la educación superior y la acreditación de alta calidad deja de ser un esfuerzo real para las instituciones de educación superior, lo que termina primando es la lógica de mercado; tener un título más que aprender.
El punto es que un país crece cuando crea nuevo conocimiento, no cuando tiene más trabajo. Un país con mínimas tasas de desempleo puede ser un esclavo de capitales extranjeros o contar con bajos niveles de calidad de vida.
Salvo el interés y enormes esfuerzos de algunas pocas instituciones de educación superior por aumentar su calidad, difícilmente las universidades colombianas, en un número decoroso, aparecerán en el top de calidad de los rankings realmente serios sobre las mejores universidades del mundo.
Dirán algunos, entre ellos el Ministerio de Educación, que para ello se han contemplado en la reforma nuevas formas para que el Estado ejerza la suprema inspección y vigilancia. Bienvenidos los controles para un sistema, especialmente el privado, que se comporta disimuladamente como un negocio con ánimo de lucro con pleno conocimiento del Ministerio. ¿Qué garantiza que de un día a otro el MEN se vaya a convertir en el gran vigilante de la calidad y evitará los muchos abusos que se cometen con la contratación de profesores, aumento de matrículas, apertura de programas de manera irregular y derechos adquiridos y violados a los estudiantes, si hasta ahora no lo ha hecho? El tema no es de Ley; es de gestión o negligencia de parte del MEN. Con la Ley 30 ha tenido las herramientas y el poder, y no lo ha aplicado… y las IES se burlan de sus acciones.
Con respecto al tema de financiamiento, que ha sido erróneamente estigmatizado y malinterpretado por muchos estudiantes y agentes perturbadores del orden público que se han aprovechado de la inocencia de los mismos, es importante indicar que la propuesta no privatizará los recursos públicos y, por el contrario, aumentará los aportes de la Nación a las universidades oficiales. No en las cantidades deseadas, pero lo hará. En aras de la verdad, incluso en vigencia de la Ley 30, el Estado siempre ha cumplido con sus aportes, aunque lo mismo no pasa con muchas de las gobernaciones. Pero el problema va más allá del tema de financiamiento. Siempre, en Colombia, en Chile, en Londres y en cualquier país, los recursos públicos serán insuficientes para satisfacer las expectativas de los universitarios.
Debemos entonces enfrentar abiertamente el tema de si se administran eficientemente los recursos públicos destinados a las universidades oficiales, por qué la diferencia de asignaciones entre unas y otras, por qué si son públicas y reciben dineros del mismo Estado no optimizan y comparten sus recursos informáticos, tecnológicos y de gestión, entre otros; por qué la discriminación financiera con las IES oficiales que no son universidades, por qué no generar un compromiso social y económico de quienes ingresan a la universidad pública y, quitándole el cupo a otro, se retiran a mitad de sus estudios, y de quienes se gradúan en las mismas y no retornan a la sociedad lo que allí recibieron?
Respetados congresistas, una reforma a la educación superior debe ser el resultado de un consenso de país y no de una mesa política de Unidad Nacional. Con o sin rabia, con o sin verdad y con o sin razón, los rectores, los profesores y los estudiantes no están de acuerdo con la misma. Miles de ellos votaron por el actual Presidente, porque confiaron en él como candidato, pese a que en su campaña nunca prometió una reforma de esta índole.
El proyecto de Ley a debatir no es un acuerdo nacional y se necesita una reforma que, más allá de obsesionarse con incrementar tasas de matrícula, demuestre que Colombia puede crecer como país en el mediano plazo, con mejores indicadores de competitividad, una ciudadanía más civilizada y mejores condiciones de vida.
Está en sus manos lograr que este anhelo de casi dos décadas realmente responda a la expectativa de mejorar lo que tiene la Ley 30 y espera el país, y no ceder a los intereses de un buen número de directivos de muchas IES que han encontrado en la propuesta la manera de aumentar su matrícula y defender sus intereses institucionales, pero no los de la Nación.
Una persona honorable es quien se hace acreedora del respeto por la autoridad que inspira con su ejemplo, prudencia en la toma de decisiones, sabiduría para analizar causas y consecuencias, equilibrio en el actuar e integridad en lo que aconseja. Respetados Honorables Congresistas, en sus manos está el futuro de la educación como verdadero riel del crecimiento del país y el futuro de nuestros hijos. Por favor, sean honorables en la discusión.
