Colciencias contra las humanidades

Por: Efrén Giraldo

El capítulo más reciente de la cruzada de Colciencias contra las humanidades es negarles becas a sus programas de doctorado para destinarlas con exclusividad a programas científicos, lo que supone una grave amenaza a su sostenibilidad. Lo llamativo no es esto, toda vez que en los últimos años la agencia nacional de investigación ha decidido atacar frontalmente los saberes sobre la sociedad y la cultura, sino la respuesta que sus equivocadas políticas en lo concerniente a artes, ciencias sociales y humanidades han despertado, primero en la comunidad académica, y más recientemente en los medios impresos. Periódicos como El Espectador, El Colombiano y la revista Semana han sacado la disputa del gueto académico y han mostrado algunas de las implicaciones que tendría para el país un conjunto de medidas escalonadas como esta. Algo que sorprende, pues en Colombia a los medios poco les importa lo que pasa con la educación, y más específicamente con la científica.

Sin embargo, la polémica no es nueva. Los criterios estrechos y equivocados de nuestra disfuncional agencia a la hora de evaluar las producciones de los académicos que trabajan en disciplinas sociales y humanísticas han generado respuestas de diverso tipo. Algunos grupos e investigadores de trayectoria se han negado a participar de las convocatorias de medición, aduciendo —además de los ya conocidos problemas técnicos e inconsistencias que sufren el software, las convocatorias  y las regulaciones de Colciencias— una discriminación que la agencia niega, imputando a los investigadores de estas áreas una supuesta reticencia a ser medidos. Todo parece indicar que, ante el dramático recorte presupuestal para ciencia y tecnología que ha hecho el gobierno, Colciencias está recortando a su vez los presupuestos de las humanidades, y para ello acude a estrategias soterradas para acorralarlas, con el agravante de que responsabiliza a los investigadores y grupos de investigación en pedagogía, historia, literatura, antropología, artes y filosofía de su propia condena al abandono y la marginalidad.

La respuesta de humanistas, artistas y científicos sociales a esta coyuntura, y más generalmente a la pregunta por su pertinencia social y educativa, es deficiente, derrotista y casi siempre débil en su argumentación. No se puede negar tampoco que, en muchas ocasiones, hay en humanidades ­—y también en ciencias— una burocracia improductiva a la que no le gustan los índices, las clasificaciones ni las mediciones de ningún tipo. Intento aquí contradecir algunos de los argumentos con los que algunos humanistas han enfocado la crítica que se les ha hecho.

El primer argumento es que las disciplinas sociales y humanas no son medibles. Si bien las ciencias sociales en sus facetas más especialziadas han demostrado el aprovechamiento que pueden hacer de la estadística, hay otra manera de entender la relación del saber social con lo cuantitativo: la que nos ofrece —para nuestro consuelo y desconsuelo— la inconmensurable tradición. A veces, cuando se lee que las humanidades son poco visibles o poco “citables”, habría que preguntarse de qué se está hablando. La cienciometría es —y será— siempre impotente para medir la cultura y la copiosa monumentalidad escrita del pasado, así como la vitalidad de la opinión pública.

El segundo argumento es que son saberes etéreos, que no tienen ningún trato con lo práctico, una idea bastante prosaica de lo que la teoría y la práctica son en realidad. Una de las maneras de encarar esta cuestión es recordando el vínculo profundo que el saber sobre lo humano tiene con la acción social, las instituciones, las costumbres, la política. ¿Qué puede haber más práctico que el modo en que vivimos? Un libro reciente del profesor Jorge Giraldo Ramírez muestra que la guerra en Colombia tiene, entre otras explicaciones, una que pasa por las ideas de quienes tomaron las armas.

Sociedades tecnocráticas que no atienden a la dimensión crítica, analítica y axiológica ofrecida por la educación en humanidades acaban por colapsar, pues economía, gobierno y técnica sin cultura de debate que las regule acaban por descontrolarse y servir a intereses oscuros. En alguno de sus textos, Paul K. Feyerabend señalaba lo importante que es para una sociedad democrática que los no expertos en ciencias tengan el control sobre lo que los expertos en ciencia y tecnología descubrían. Un corolario de este planteamiento es que, sin humanidades, sin ética, sin comunicación y sin estética, el saber científico acaba por ser autoritario y, acaso, contraproducente.

El tercero es que los saberes humanísticos no generan capital económico, apenas cultivo espiritual. Si bien esto es parcialmente cierto, y cabe hallar en el desinterés un argumento útil, sobre todo en una época en que todo tiene precio, valdría la pena analizar el fenómeno desde otra óptica. Ver en el mecenazgo —o, peor incluso, de la caridad— la única figura económica para las artes y las humanidades es pasar por alto la posibilidad que estas tienen de producir bienes, objetos y —quiéranlo o no los puritanos— mercancías. Civilización, patrimonio, cultura son realidades, no abstracciones. Las sociedades del conocimiento y la información, de los servicios y los símbolos, no son pensables solo como productoras de artefactos o de datos duros. En otros países, la cultura, los museos, los libros son renglones importantes de la economía, más allá de que dependan de un nuevo gran señor, el turismo.

El último argumento es que, al hablar de humanidades, se trata de disciplinas que no son experimentales. En lugar de creer que esto les resta dignidad o importancia, los humanistas deberían pensar en que allí hay una de sus mejores oportunidades, tal como lo señaló alguna vez Samuel Weber. Evidentemente, no se trata de experimentos con la naturaleza, sino con lo social, con lo humano. Inventar nuevas formas de vivir, crear espacios de intercambio, es el desafío que las humanidades deben afrontar ante las exigencias actuales y, como en el caso colombiano, ante políticas equivocadas y administraciones mezquinas que poco pueden hacer con la gestión de comunidades y realidades a las que no comprenden.

Fuente: ARCADIA

Antología del Pensamiento Crítico Colombiano Contemporáneo

El Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales ha sacado una Colección de Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño. Y dentro de dicha antología encontramos una dedicada al Pensamiento Crítico Colombiano Contemporáneo. Aquí está para que lean y compartan.

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Victor Manuel Moncayo C.. [Coordinador]

Gabriel García Márquez. Camilo Torres. Antonio García. Diego Montaña Cuéllar. Orlando Fals Borda. Darío Mesa. Mario Arrubla Yepes. Augusto Ángel Maya. Arturo Escobar. María Teresa Uribe de Hincapié. Virginia Gutiérrez de Pineda. Florence Thomas. Nina S. de Friedemann. Gerardo Molina. Estanislao Zuleta. Guillermo Hoyos Vásquez. Renán Vega Cantor. Laura Restrepo. Alfredo Molano Bravo. Arturo Alape. [Autores de Capítulo]

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Colección Antologías del Pensamiento Social Latinoamericano y Caribeño.

ISBN 978-987-722-113-8

CLACSO.

Buenos Aires.

Septiembre de 2015

Además de la insoslayable posición personal y de las necesarias consultas con quienes comparto reflexiones y preocupaciones teóricas y políticas, he acudido a múltiples ventanas de aproximación. La primera, casi forzosa, es la consideración del período, sin dejar de lado sus antecedentes que contribuyen a una comprensión coherente e integral, pues la historia es mucho más que la sucesión cronológica. En esta misma dirección de orden temporal, también se ha tenido en cuenta la relativa actualidad del texto seleccionado respecto de las circunstancias del presente que vivimos. Otra dimensión privilegiada tiene que ver con la relación o incidencia de los documentos con las luchas sociales y políticas, así como con los debates y controversias de las ciencias sociales frente a los debates de nuestro tiempo, apreciando el protagonismo y la influencia del respectivo autor. Y, obviamente, se ha tenido la precaución de matizar el conjunto con los aspectos claves de la controversia en nuestra sociedad, empezando por la realidad del conflicto social y armado que por decenios ha caracterizado el acontecer nacional, y los problemas económicosociales que le están asociados. Igualmente, han sido estimadas como referencias pertinentes la plurietnicidad, la perspectiva de género y la cuestión ambiental. Como el lector podrá apreciar, esta ha sido la respuesta ciertamente insuficiente, injusta y excluyente, al desafío de construir una antología de quienes como intelectuales han sido actores centrales, durante el período antológico, de las múltiples expresiones de la controversia y confrontación del orden social vigente.

Si quiere acceder al libro impreso: aquí lo puede adquirir

Aquí puede descargarlo en PDF 

Fuente: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales -CLACSO

Leerme es un delito

Por: Carlos Medina Gallego

Resulta desafortunado para el país, para el proceso de paz y para el postconflicto, los acontecimientos de la semana pasada en donde a través de un operativo judicial, policial y mediático fueron capturados, judicializados y estigmatizados, jóvenes estudiantes, egresados de la Universidad Nacional, activistas de Derechos Humanos y,  líderes sociales y políticos del Congreso de los Pueblos, en una acción a todas luces irresponsable de las autoridades buscando dar resultados por los atentados de Bogotá.

Carentes de un acervo probatorio solido y de un juicioso trabajo de inteligencia, estas capturas muestras la politización y la instrumentalización de la justicia al servicio de un modelo de democracia autoritaria que desconoce las posibilidades creativas del pensamiento crítico y condena, sin formula de juicio, toda manifestación critica, de protesta legitima y de inconformidad social. Este tipo de procesos llenos de inconsistencias y absurdos, carentes de rigurosidad institucional e investigativa, ponen de presente la ineptitud de la justicia y su politización. Han sido divulgadas ampliamente las ligerezas de este proceso, que comenzó señalando la responsabilidad de los implicados en los actos terroristas de Bogotá y término sindicándoles las protestas estudiantiles del mes de Mayo pasado. Estas prácticas envilecen la justicia, generan incredulidad y constituyen un modelo de terrorismo jurídico de Estado, a través de falsos positivos judiciales que ya han dejado en el país cientos de víctimas inocentes.


El país está pasando por un momento en que se necesita crear confianza en la sociedad civil, en los movimientos sociales y políticos democráticos y de izquierda, en las organizaciones de Derechos Humanos,  de lo que ha de ser en materia del tratamiento de los conflictos sociales y políticos el comportamiento del Estado en el postconflicto armado.  No podemos regresar a las épocas en las que no es la justicia la que debe demostrar la culpabilidad del implicado, sino el implicado el que debe demostrar su inocencia. Qué tipo de justicia es esa que se levanta sobre el postulado que todo capturado es culpable hasta que demuestre lo contrario. No es sano para el país volver a la doctrina Ñungo, que consideraba que es mejor tener un inocente en la Cárcel que un culpable libre. A estos detenidos hay que garantizarles el debido proceso, proceder con celeridad y eficiencia y darles la libertad lo más pronto posible.


Estas capturas con sus respectivos allanamientos, pusieron de presente algo terrible. En este país está prohibido informarse de los conflictos, conocer a los autores, leer las investigaciones existentes, esfuerzo de muchos años de trabajo juiciosos y patrimonio importante de la produccion intelectual y académica del país. En este país constitucionalmente pluralista está proscrito el pensamiento crítico, es perseguido, judicializado, encarcelado y condenado y sometido a la estigmatización mediática.


Algunos de los trabajos académicos de prestigiosos investigadores del conflicto armado y sus actores,  han sido presentados como pruebas de las inclinaciones ideológicas de los capturados en el desarrollo de las audiencias de la imputación de cargos, lo que resulta a todas luces un atropello contra la cultura académica y el pensamiento crítico. No puedo aceptar y rechazo de manera enérgica, que mis trabajos de investigación sobre el ELN, las FARC-EP, el Paramilitarismo, las Bandas Criminales, Mafia y Narcotráfico sean utilizados para imputar responsabilidades a los capturados por la naturaleza de sus lecturas. Mis trabajos son el resultado de largos años de esfuerzo en investigación de campo que han sido soporte fundamental en mis procesos de formación académica en los niveles de maestría y doctorado, son trabajos reconocidos por la comunidad académica, social y política del país. Han alimentado decenas de trabajos de tesis de estudiantes de las más prestigiosas universidades del país y del mundo; han servido en tribunales para contextualizar y mirar con mayor objetividad el conflicto armado colombiano, seguramente, han sido juiciosamente estudiados por los organismos de inteligencia y por los miembros de la fuerza pública, por magistrados de justicia y paz y,  fiscales de derechos humanos. Son trabajos académicos al servicio de quienes lo quieran leer, la mayoría de ellos publicados por la Universidad Nacional de Colombia y, alguno financiado por Colciencias, en un proyecto colectivo de investigación coordinado desde el IEPRI.


No hay nada más ennoblecedor y altruista que saber leer, escribir, pensar críticamente y comprometerse con la construcción de un país en paz y democrático. Ningún libro puede ser objeto de censura o de connotaciones judiciales para adelantar procesos contra el pensamiento  y la practica crítica.


El país, el gobierno, la fuerza pública, la institucionalidad en general tiene que superar las imputaciones que se le hacen a los movimientos sociales y a sus organizaciones de ser agentes del terrorismo y la subversión armada. No puede seguirse equiparando Congreso de los Pueblo igual ELN o Marcha Patriótica Igual FARC-EP. Estas organizaciones representan las más variadas expresiones de organización de la sociedad civil y, cumplen un papel fundamental en la lucha reivindicativa, social y política DEMOCRATICA. No se puede seguir estigmatizando los territorios y sus poblaciones, Las organizaciones sociales y sus movimientos. La nación colombiana si quiere superar la violencia tiene que abrirse a un pluralismo real, de respeto por las diferencias y de inclusión con garantía de derechos. La ampliación y profundización de la democracia no se puede construir desde la exclusión, el señalamiento y la estigmatización. Si ha de haber postconflicto y una sociedad en Paz, en ella debemos caber todos independientemente de las diversas formas de pensar.


Para Paola Andrea, Stefani Lorena, Heiler, Sergio Esteban, Félix, Daniel Eduardo, Luis Daniel,  Liceth,  Andrés Felipe, John,  David, Víctor Orlando y todos los demás detenidos, mi saludo afectuoso y solidario, les agradezco mucho que en sus bibliotecas estén mis libros y que ustedes los hayan leído, porque seguramente, entenderán con más elementos de juicio,  que sus jueces y fiscales,  las causas del conflicto del cual estamos tratando de salir.  Seguramente encontraran la libertad en las amplias expresiones de solidaridad que han llegado hasta los juzgados de Paloquemao; en las suscripciones solidarias de las distintas formas de organización civil que hacen explicita su inconformidad frente a la arbitrariedad de la justicia; en las conmovedoras declaraciones de esos padres orgullosos que recogen las banderas de de justicia de sus hijos y las mantienes en alto cuando debía ser al contrario; de la vitalidad de los tambores que coordinados, rítmicos y sonoros rompen el aire con sones libertarios; de las nuevas  formas de la protesta y reclamo que se visten de fiesta y alegrías para señalar que nada le impedirá a los jóvenes y a las organizaciones sociales soñar que otra país es posible.


Julio, 13 de 2015
Fuente PCC

Los conceptos de Deleuze

Cordial saludo, les comparto la información del seminario organizado por el ITM y la Biblioteca Pública Piloto, con el apoyo de la UniNómada, en conmemoración de los 20 años de la muerte de Gilles Deleuze.

Favor difundir!

Gracias.

El maestro desobediente

Por: Reinaldo Spitaletta

Ser maestro en Colombia, uno de los países más inequitativos de América Latina, está conectado con el desprecio del establecimiento por los que en un rol histórico están llamados a sacar al país del subdesarrollo mental.

Tal vez ser maestro en un país en permanente conflicto, como este, sea un riesgo, porque si enseña a abrir los ojos ante una realidad de miserias, puede ser objetivo de aquellos que prefieren tener a la mayoría de la gente en la oscuridad y la ignorancia. Estas dan mejores réditos a quienes han dominado a perpetuidad el feudo conocido como Colombia.

Y en este punto quisiera recordar un texto, una novela, de Fernando González, un tipo que, por otra parte, siempre mostró interés por la educación: El maestro de escuela, que muestra en profundidad el fracaso y la tragedia de un maestro de pueblo, despreciado por la burocracia y los directivos de lo que entonces se llamaba la Instrucción pública (como decir hoy el Ministerio de Educación, por ejemplo).

Manjarrés, que así se apellidaba el maestro, era un hombre que vivía a la enemiga, en una sociedad de medianías y aguas tibias. “Decir lo que sentía y pensaba fue la inmunda práctica de Manjarrés”, un profesor de quinta categoría, con un salario de cuarenta pesos, que vivió empeñado en escribir y enseñar una teoría del conocimiento.

El sujeto en mención era un personaje singular, opuesto al “santo hedor de la caridad capitalista” y en contravía del “santo papa y la santa puta”. Su prédica tenía que ver con la desobediencia, con sus llamados a no adaptarse, a no constituir parte del rebaño, sino a mirar el mundo con ojos críticos. Sabía que el dinero lo tenían los poderosos, y “los poderosos protegen a los que se ‘adaptan”, y Manjarrés no era adaptable al sistema. Por eso había que joderlo.

Y así, el sistema, con sus tácticas de humillación y despotismo contra quien no se adapta ni se doblega, fue quitándole la pugnacidad al maestro. Y sus ganas de vivir. Su teoría del conocimiento quedó postergada para siempre. Pero para la memoria quedó su actitud de instigador, de propulsor del otro para que piense por sí mismo, y para que no sienta vergüenza de lo propio, de su entorno. Ni de luchar por sus derechos.

Hablar de educación y magisterio es asunto espinoso. Pero jamás anodino ni farandulero. Y en estas sociedades, dominadas por el mercado, el consumo y la digestión light, cuando se cree que el maestro debe propender por sacar mano de obra calificada para la productividad y nada calificada para el pensamiento, entonces aparecen las discordancias. Para los heraldos del sistema, el maestro debe ser obediente, resignado, nada cuestionador. Que no enseñe a sus alumnos a tener preguntas, sino a que aprendan la condición de ser ovejas.

Por eso, no es raro que una ministra de Educación llegue a decir, frente a la desobediencia de los profesores colombianos, que “si los educadores permanecen en paro, no negocio y no hay pago”. Buena estaría para ministra de Represión. Lo dicho: ser maestro en Colombia es estar en la cuerda floja, en una serie de inestabilidades que conduce, como al viejo Manjarrés, a que la teoría del conocimiento se quede en las tinieblas.

Para el científico colombiano Rodolfo Llinás, en Colombia “los maestros son personas que no son tan respetadas como deberían ser. Es decir, en el resto del mundo un maestro de escuela es una persona importante, que les está enseñando a nuestros hijos a pensar; en Colombia es como si los maestros fueran simplemente cuidadores de niños” (El Espectador, 4-05-2015). Y volvemos al quid de la cuestión: en Colombia el sistema no reconoce la importancia de los docentes, y menos si son contestones y no se dejan manosear por las políticas oficiales.

Puede ser una verdad de Perogrullo, pero hay que volver sobre ella: el maestro es un ser esencial en la organización y desarrollo de un país, y hay que pagarle bien. Reconocerlo. Mirarlo como lo que es: alguien muy importante para la humanidad. Por eso, y por otras razones, más que aumentar los presupuestos para la guerra, hay que abundar en los de la educación. Y en este caso el dinero es público, y no se podrá poner como condición (como quiere el sistema) que los maestros (y los estudiantes) sean dóciles y obedientes.

Fuente: Elespectador.com

Los retos de la filosofía frente a la tecnología del siglo XXI

Vol 7 Revista Posibilidad Critica y Reflexión Los Retos de La Filosofia Frente a La Tecnología Del Siglo XX...

Informe 21: LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL TLC CON COREA

El 16 de diciembre de 2014 fue aprobado por el Congreso de la República el Tratado de Libre Comercio (TLC), entre la República de Corea y la República de Colombia. Durante el proceso de aprobación, productores y trabajadores manifestaron al Gobierno su preocupación por las repercusiones que la entrada en vigencia de este tratado pueden causar al aparato productivo del país y al empleo que este genera.

En el marco de la revisión automática que la Corte Constitucional debe hacer a los acuerdos internacionales, gremios, centrales sindicales y académicos radicaron varios conceptos en los que se exponen y justifican diversos motivos que prueban que el TLC con Corea es inconstitucional.

A continuación se mostrarán los principales argumentos expuestos ante la Corte.

  

ARGUMENTOS INCONSTITUCIONALIDAD TLC COREA

 I. Concepto de Acopi Bogotá – Cundinamarca.

 1. El Acuerdo profundiza los desequilibrios y asimetrías entre Colombia y Corea.

El Gobierno Nacional presenta como un logro del TLC el hecho de que Corea desgrava el 98% de los aranceles industriales de manera inmediata, permitiendo el libre acceso de productos colombianos y el 2% restante en un periodo máximo de 5 años. En reciprocidad, Colombia le ofrece a Corea un listado de desgravación más extendido, con periodos a 5, 7, 10 y 12 años, fundamentalmente para productos industriales como: maquinarias, resinas, petroquímicas, productos químicos y siderúrgicos, autopartes, productos farmacéuticos, electrodomésticos y automóviles, entre otros.

Aparentemente parece una negociación justa. Sin embargo, aunque la desgravación arancelaria para la entrada de productos desde Corea es más lenta que la desgravación arancelaria de productos colombianos hacia Corea, el Gobierno Nacional no logró generar condiciones de equilibrio en el TLC frente a las profundas asimetrías que existen entre ambas economías.

Lo que logró el Gobierno, en ejercicio de su potestad de orientar las relaciones internacionales de Colombia, es que Corea abra sus mercados a los productos que Colombia no va a poder venderle, porque no los produce. Mientras tanto, Corea espera unos años a que el mercado colombiano se abra totalmente, para poder venderle lo que ellos sí producen.

2.  El tratado y su Ley aprobatoria desconocen los principios de oferta y demanda

El artículo 333 de la Constitución Política de Colombia establece el modelo de competencia en la economía colombiana así: “la libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”. El premio Nobel de Economía, Paul Krugman, en su libro: Macroeconomía (2006), afirma que este modelo se basa en la interacción entre oferta y demanda[1]. Esto quiere decir que la demanda no puede existir sin la oferta y viceversa. Ambas variables son inseparables en la argumentación económica. El artículo 334 de la Constitución define que “la dirección de la economía estará a cargo del Estado”. Es decir, que es deber del Estado velar por la estabilidad y el equilibrio macroeconómico de la nación.

En la negociación del TLC con Corea, el Gobierno Nacional incurrió en una gravísima omisión, al solo tener en cuenta una de las variables fundamentales de la economía: la demanda; pero no incluyó la contraparte necesaria para el equilibrio económico, aspecto fundamental en la defensa de la conveniencia nacional: la oferta. De esta forma, el Gobierno Nacional desconoció su función de coordinación de la política macroeconómica, que le exige la Constitución Nacional.

Por el lado de la demanda, los argumentos del Gobierno Nacional en defensa del TLC con Corea se dirigen a mostrar el beneficio que tendrán los consumidores colombianos gracias al acceso a productos coreanos. Al ejecutar una política en beneficio de los consumidores, el Gobierno Nacional apuesta por precios menores en los productos ofrecidos por Corea, como: electrodomésticos, aparatos electrónicos, vehículos y sus partes, entre otros bienes industriales.

En el debate legislativo se defendió la hipótesis de lograr ventajas al consumo por el acceso a productos de mejor calidad y a más bajo precio. En este sentido, la primacía de la condición de consumidor por sobre otras en las que se refleja o evidencia la vida económica de la nación, carece de sustento jurídico. Por ejemplo, el debilitamiento del aparato productivo nacional reduce la posibilidad de que el derecho al trabajo sea efectivamente disfrutado por la población colombiana.

3. Libertad de mercado no significa abandono estatal

El Acuerdo de Libre comercio y la Ley que lo aprueba someten a la industria nacional a una competencia desigual con la industria coreana. El mismo Gobierno reconoce que el sector industrial colombiano afrontará pérdidas, como lo prueba el Decreto 2593 de 2014, “por medio del cual se dictan medidas para fomentar los sectores de Línea Blanca, Línea Marrón, pequeños electrodomésticos y autopartes”. En este Decreto, expedido por el Gobierno en el marco de la aprobación del TLC con Corea, se reconoce que estos productos industriales pueden verse afectados por las importaciones “por debajo de sus precios de oferta comercial en los países productores”. En compensación, el decreto hace una serie de enunciados sobre competitividad, que no tienen ninguna expresión real en una política efectiva para defender al sector.

4. El TLC con Corea y su ley aprobatoria no tienen en cuenta la evidencia histórica

Como coordinador de la política económica del país, es responsabilidad del Gobierno Nacional adoptar las medidas que tengan como objetivo “promover la prosperidad general”, como reza en el artículo 2 de la Constitución, sobre los fines esenciales del Estado. También es obligación del Estado garantizar “la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni vulnerados por leyes posteriores”, como dice el artículo 58 de la Constitución. Al someter al aparato productivo nacional a una competencia desigual, el Estado está propiciando en la práctica una expropiación a los derechos económicos del sector productivo industrial, la cual, para el caso del TLC con Corea, no está justificada “por motivos de utilidad pública o interés social definidos por el legislador”[2].

Además, el TLC entre Colombia y Corea, así como su ley aprobatoria contradicen también el artículo 2 de la Ley 7 de 1991, que recoge los principios constitucionales por los cuales se regula el comercio internacional del país:

“1. Impulsar la internacionalización de la economía colombiana para lograr un ritmo creciente y sostenido de desarrollo.

2. Promover y fomentar el comercio exterior de bienes, tecnología, servicios y en particular, las exportaciones.

3. Estimular los procesos de integración y los acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales que amplíen y faciliten las transacciones externas del país.

4. Impulsar la modernización y la eficiencia de la producción local, para mejorar su competitividad internacional y satisfacer adecuadamente las necesidades del consumidor.

5. Procurar una legal y equitativa competencia a la producción local y otorgarle una protección adecuada, en particular, contra las prácticas desleales del comercio internacional.

6. Apoyar y facilitar la iniciativa privada y la gestión de los distintos agentes económicos en las operaciones de comercio exterior.

7. Coordinar las políticas y regulaciones en materia de comercio exterior con las políticas arancelaria, monetaria, cambiaria y fiscal”.

La evidencia histórica muestra como durante la Revolución Industrial del siglo XVIII en Gran Bretaña, había una fuerte intervención del Estado en la economía para proteger a sus nacientes industrias. Estados Unidos creó el Sistema Nacional de Economía Política a finales del siglo XIX para otorgar protección a la industria, infraestructura e impulsar la innovación. Hoy Estados Unidos todavía mantiene una política industrial dirigida por el Estado con una alta dosis de intervención, a través de subsidios, apoyos y protecciones. Tras la crisis financiera de 2008, países desarrollados activaron políticas para proteger y estimular a su aparato productivo. Así, es una realidad que los productores han establecido una función que depende directamente de la intervención del Estado en su beneficio, desde el Siglo XVIII hasta nuestros días.

Corea del Sur no es la excepción. Según el profesor Masahiko Aoki, de la Universidad de Stanford y profesor emérito de la Universidad de Kyoto, en su trabajo: Las cinco fases del desarrollo económico y la evolución institucional en China, Japón y Corea (2011), estos países “siguieron un patrón común en su proceso de industrialización, en donde han sido fundamentales el factor humano, la innovación y el conocimiento, con altas dosis de intervención estatal”[3].

Los resultados de la ausencia de políticas para la industria, evidencian un paulatino pero sistemático desmantelamiento del aparato productivo colombiano. Al someter el aparato productivo colombiano a una competencia desigual con un país industrializado como Corea, eliminando mecanismos de protección a la industria local, se está afectando de manera grave el fin esencial del Estado a “promover la prosperidad general”, del artículo 2 de la Constitución y desconoce también la misión del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que consiste en “apoyar la actividad empresarial, productora de bienes, servicios y tecnología (…)”[4].

5. Las obligaciones contraídas por Colombia y Corea no son recíprocas, aunque sean de imperativo cumplimiento para las dos partes.

No se demostró en la exposición de motivos por qué el Gobierno considera que los plazos de desgravación contenidos en el Tratado son suficientes para generar condiciones adecuadas de competitividad y que por ende, garanticen la igualdad de condiciones y de competencia entre la producción coreana y la colombiana. La mera existencia de plazos no constituye per sé una garantía de protección y menos aún de reciprocidad.

6. Solución de controversias Inversionista-Estado.

ACOPI Bogotá-Cundinamarca considera que este sistema de solución de controversias inversionista-Estado, aplicable para los conflictos que puedan llegar a suscitarse entre inversionistas de Corea y el Estado colombiano, vulnera el derecho a la igualdad (art. 13), pues no tenemos acceso a este sistema, sino exclusivamente a las instancias y procedimientos de la jurisdicción colombiana.

7. El texto del TLC no fue debatido por las Comisiones Segundas de Cámara de Representantes y Senado.

El debate legislativo se basó en la exposición de motivos presentada por el Gobierno y en el informe de ponencia. Por lo tanto, los temas de fondo del tratado de libre comercio carecieron de debate legislativo incurriéndose así en una omisión grave e insubsanable, pues los objetivos políticos del tratado planteados por el Gobierno, pueden cumplirse o no según las previsiones concretas en cada uno de los veintidós capítulos y en los anexos del tratado suscrito con Corea.

Esta omisión flagrante vicia de inconstitucionalidad el TLC, pues su texto no fue debatido y por lo tanto no ha sido objeto del control político que compete al Congreso de la República en los términos de la Constitución Política.

8. Consulta previa a comunidades indígenas y afros.

Se solicitó especial atención a la revisión del requisito formal de la negociación de realizar consulta previa con comunidades indígenas y afros. El TLC con Corea contiene normas similares a las previstas en el TLC suscrito con Canadá, particularmente porque la minería es un interés comercial de Corea, ya sea para la importación o para la inversión en Colombia. Así mismo, el mecanismo de solución de controversias inversionista-Estado vulnera el derecho a la igualdad de dichas comunidades en el acceso a la justicia.

II. Concepto Grupo Proindustria.

9. No cumple los principios de los tratados internacionales y va en contra de la integración regional.

El Grupo Proindustria que reúne a un importante número de empresas del sector manufacturero, plantea ante la Corte Constitucional que el TLC con Corea no cumple con los principios básicos con los que debe cumplir todo tratado comercial. Estos son: existencia de reciprocidad y equidad, y que sean de conveniencia nacional.

El principio de reciprocidad establece que los tratados deben contener un sistema de concesiones y correspondencias mutuas, que asegure que las obligaciones pactadas sean recíprocas y de imperativo cumplimiento, de tal manera que ninguna de las partes salga perjudicada en beneficio de la otra. Se ha justificado anteriormente las múltiples asimetrías que existen entre Corea y Colombia, lo que no hace posible el cumplimiento de este principio.

En cuanto al aspecto de equidad, la Corte Constitucional ha establecido que no pueden concebirse en nuestro ordenamiento acuerdos bilaterales y multilaterales en los que los beneficios sean solo para uno de los estados signatarios o que determinadas concesiones operen a favor de un estado y en detrimento de otro. El Gobierno Nacional ha aceptado públicamente que el TLC afectará al sector industrial nacional y no ha probado con estudios las ganancias que tendría el sector agropecuario, por lo cual no se cumple el principio de equidad ya que la nación coreana no va a tener ninguna afectación en su aparato productivo, en su generación de empleo, o en otro aspecto que comprometa el TLC.

Por otro lado, la internacionalización de las relaciones del país debe promoverse por parte del Gobierno consultando los intereses propios de la Nación y aquellos que apelen al beneficio e interés general. Las razones expresadas por Proindustria evidencian que las condiciones en las que fue aprobado el TLC no son de conveniencia para el país. Adicionalmente, en la Constitución se expresa que: “la política exterior de Colombia se orientará hacia la integración latinoamericana y del Caribe” y las cifras demuestran que las relaciones comerciales con los países de la región se han deteriorado y el Gobierno tiene como objetivo en su política comercial otros mercados.

III.  Concepto de José Roberto Acosta, de la Red por la Justicia Tributaria en Colombia.

10. Viola el principio de Sostenibilidad Fiscal– José Roberto Acosta

El TLC con Corea viola el artículo 334 de la Constitución Política de Colombia, que indica que “la dirección general de la economía”, que está a cargo del Estado, debe regirse “en un marco de sostenibilidad fiscal”, “como instrumento para alcanzar de manera progresiva los objetivos del Estados Social de Derecho”.

La dinámica de consumo de los hogares se está viendo afectada por mayores cargas tributarias, que se derivan del desmonte de gravámenes a las importaciones de bienes y servicios del exterior, mediante tratados de libre comercio como el de Corea.

A partir de la década de 1990, con el proceso de apertura económica, la tendencia en el recaudo tributario colombiano se dirige a gravar cada vez más a la actividad económica interna para aliviar las cargas de la actividad externa.

TLCEl Impuesto al Valor Agregado (IVA), ha sido la contrapartida en el proceso de desmonte de gravámenes a las importaciones de bienes y servicios, convirtiendo los ingresos corrientes de la Nación en un rubro sostenido principalmente por el nivel de consumo interno, tanto de hogares como de empresas. Mientras para el monto recaudado por IVA la tendencia estructural o de largo plazo es creciente, la misma tendencia para los recaudos provenientes de comercio exterior es decreciente, como se observa en la  Gráfica 1.

Aumentar la carga tributaria a la actividad económica interna, y específicamente al consumo de los hogares, merma su capacidad de consumo, disminuye su ingreso disponible y contradice el argumento de que unas importaciones más baratas generan un beneficio neto para los consumidores finales, pues si menores impuestos a las importaciones se contrarrestan con mayores impuestos para el consumo, este supuesto beneficio neto se verá sustancialmente mermado.

Se ha comprobado que el consumo de los hogares es el rubro que sostiene en mayor medida el Producto Interno Bruto (PIB) y en escenarios de crisis es de quien en última instancia depende la demanda agregada, convirtiéndose el motor principal del sistema. Por ende afectar con mayores cargas tributarias a los hogares colombianos, mediante impuestos como el IVA, debilitan el crecimiento económico estructuralmente y de ahí el recaudo de impuestos final, comprometiendo la Sostenibilidad Fiscal del país.

La política deliberada de mayor liberalización comercial no ha sido exitosa para las exportaciones colombianas a diferencia de las importaciones, que sí han aumentado su participación, abriendo un déficit comercial insostenible, difícil de financiar con deuda externa debido a los limitantes que implica la Regla Fiscal, limitando el margen de maniobra del Gobierno a aumentar las tarifas y cargas tributarias al consumidor local, mermando la demanda agregada de la economía y comprometiendo la base gravable por cuenta de menor crecimiento económico y comprometiendo la sostenibilidad fiscal a base de ingresos corrientes de la Nación.

IV. Concepto de Guillermo Charcas, del Sindicato de la Compañía Colombiana Automotriz.

11. Vulnera el derecho internacional al trabajo.

Debido a las condiciones de inequidad y desigualdad que entraña para la industria nacional el TLC con la República de Corea, es una amenaza para el empleo y en efecto el derecho al trabajo, contemplado y protegido en la Constitución Política de Colombia.

La industria nacional ha sido factor decisivo en la generación de empleo de excelentes condiciones socio – económicas, gran contenido social y factor de alta calidad de vida para los trabajadores colombianos. No obstante, solo bastó con la firma de este TLC para que se perdieran empleos con el cierre de la Compañía Colombiana Automotriz, productora y ensambladora de los vehículos Mazda en Colombia. A partir de este hecho se puede afirmar que existe la amenaza grave de perder otro importante número de empleos en caso de que entre en vigencia este tratado.

Hoy, frente a la importación de Colombia de productos terminados, gracias a otros tratados de libre comercio, tanto los empresarios industriales como los trabajadores manifiestan profundamente la misma preocupación por la pérdida de un gran número de empleos y la desaparición de la importante industria automotriz.

El cierre de la empresa Compañía Colombiana Automotriz, constituye una prueba irrefutable de que el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Colombia y Corea y su ley aprobatoria, Ley 1447 de 2014, son inconstitucionales porque impiden el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho, ya que atacan la prosperidad general (Art. 2 C.P.), impiden el mejoramiento de la calidad de vida de la población (Art.366 C.P.) y restringen el disfrute del derecho al trabajo (Art. 25 C.P.) debido a que las condiciones pactadas suprimen la posibilidad material y jurídica de desarrollar las capacidades de la producción industrial automotriz y otros importantes sectores de la Industria Nacional y por ende, niegan al pueblo colombiano la posibilidad real de beneficiarse de la generación de empleos de calidad.

V.  Concepto de Mario Alejandro Valencia, de Cedetrabajo.

12. Asimetrías en el mercado financiero.

TLCEl Estado omitió las evidentes asimetrías que tienen la economía coreana y la colombiana. Corea del Sur ciertamente es una economía mucho más grande que la colombiana y con un comercio exterior más importante, tanto en volumen comerciado como en valor agregado de sus productos.  Adicionalmente, la población surcoreana tiene un mayor poder adquisitivo, y el intercambio desde Colombia será principalmente de productos básicos que tienen poco valor agregado. Para entender mejor el contraste entre ambos países se presenta la Tabla 1.

En 2013 el déficit comercial para Colombia fue de más de mil millones de dólares y las exportaciones colombianas a Corea no representan ni el 1% de lo que Corea del Sur importa. La diferencia sustancial entre los bienes que intercambian Colombia y Corea del Sur, es que mientras Corea vende vehículos y maquinaria a Colombia por $1.300 millones de dólares, Colombia solo vende a Corea bienes básicos sin valor agregado como café, hierbas, chatarra de acero, y combustibles como petróleo por valor de $206 millones de dólares.

TLCUn aspecto fundamental para la competitividad de los empresarios colombianos, es el acceso a recurso de capital y de deuda con costos financieros competitivos. En esa materia Colombia está sustancialmente rezagada en comparación con Corea del Sur, donde el sistema financiero irriga ingentes recursos a bajo costo para apalancar la actividad empresarial, que además está enfocada en las exportaciones de bienes y servicios con valor agregado.

Mientras en Corea del Sur el monto del crédito que va desde el sector financiero al sector privado corresponde al 135% del PIB, en Colombia alcanza solamente el 50,3%. Así se observa en la Gráfica 2.

En Colombia las medianas empresas obtienen créditos bancarios a una tasa promedio del 11% efectivo anual, esta misma tasa puede llegar a niveles del 17% para las empresas más pequeñas. Mientras tanto las grandes empresas colombianas pueden obtener financiación tradicional con tasas de interés del 7,5%.  En Corea en cambio, las tasas de interés son mucho menores para ambos tipos de empresas. El crédito a la pequeña y mediana empresa tiene un costo anual del 4,6% en promedio, al tiempo que las grandes empresas obtienen financiamiento a tan solo un 4% de interés anual. Lo que demuestra la inmensa brecha que existe entre empresarios colombianos y coreanos, con respecto a las tasas de interés con las que se financian.

Lo anterior se traduce en tres circunstancias críticas para los empresarios colombianos en el marco del TLC con Corea:

   1. El sistema financiero del país asiático tiene mayor capacidad de apalancamiento de la economía real que el sistema financiero colombiano, lo que quiere decir que los empresarios coreanos disponen de más recursos financieros para el desarrollo de sus actividades que los empresarios colombianos, en una proporción de casi 3 a 1 como porcentaje del PIB.

   2. La amplia brecha en las tasas de interés muestra que los empresarios colombianos tienen que asumir mayores riesgos en sus empresas para poder alcanzar la rentabilidad mínima que garantice el repago de sus deudas, dado que mayor rentabilidad conlleva mayor riesgo en los negocios en marcha o emprendimientos.

  3.Como consecuencia de la situación anterior muchos proyectos y empresas colombianas pueden ser inviables frente a la rentabilidad mínima que requieren para satisfacer los costos de deuda y capital.

Las enormes diferencias en las condiciones de acceso al crédito entre los dos países, generan que las empresas colombianas no puedan competir adecuadamente y sean reemplazadas dentro del mercado nacional por producción externa que trae incorporados menores costos de capital en sus precios finales.

CONCLUSIONES

En este resumen se han presentado 12 argumentos que comprueban que la negociación, aprobación e implementación del Tratado de Libre Comercio entre Corea del Sur y Colombia es inconveniente para los intereses del país, es desigual y no es recíproco. Por lo tanto, el Gobierno Nacional violó la Constitución del país al no tener en cuenta estos elementos.

Coherente con su función, la Corte debe declarar su inconstitucionalidad, para preservar los derechos tanto de los consumidores, como de los productores y trabajadores nacionales. Una adecuada relación económica con otros países y especialmente con aquellos que presentan un estadio de desarrollo más avanzado, debe considerar mecanismos de protección y promoción a las actividades productivas del país, que generan empleos estables, bien remunerados y de calidad.

Frente a la proliferación de tratados de libre comercio y a los indiscutibles resultados negativos que están teniendo para la economía, es necesario que se diseñe e implemente una política para defender a la agricultura y a la industria manufacturera, que son la fuente principal de riqueza de las naciones.

[1] Krugman, P & Wells, R. Macroeconomics. New York, Worth Publishers, 2006.

[2] Artículo 58, Constitución Política de Colombia

[3] Como se cita en: Valencia, M. Desarrollo histórico de la industria y el caso colombiano. Debate entre la intervención estatal y el libre comercio. Universidad Externado de Colombia, 2014.

[4] http://www.mincit.gov.co/publicaciones.php?id=13

Fuente: TLC al desnudo.com

Tribunal Administrativo de Santander ordena a ISAGEN la limpieza del embalse y la remoción de la cobertura vegetal

Resumente: El Tribunal Administrativo de Santander decretó medidas cautelares y ordenó el pasado 27 de marzo a la empresa Isagen a realizar: “la respectiva limpieza, remoción de la cobertura vegetal y todos aquellos materiales blandos, orgánicos y objetables del río Sogamoso, así mismo, establecer todas aquellas medidas ambientales preventivas, lo anterior deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, advirtiendo que dicha remoción deberá efectuarse cada vez que la misma sea observada, según lo expresado en la parte motiva de este proveído.”

Bucaramanga, 6 de abril de 2015

El pasado mes de marzo del presente año, el Movimiento Social en Defensa del Río Sogamoso a través de la presidente de la Asociación de Juntas de Acción Comunal del municipio de Betulia y afectada por la construcción del proyecto hidroeléctrico de la empresa ISAGEN, Claudia Patricia Ortíz Gerena, instauró “solicitud de medidas cautelares” dentro del proceso de acción popular (Rad 2014-659). En esta solicitud se advierte sobre la posible existencia de un inminente peligro de inundación, que podría “afectar a las comunidades ribereñas del río Sogamoso, a causa del desequilibrio ecológico por las obras de construcción de la Represa de Hidrosogamoso, para hacer efectiva la protección de los derechos colectivos a gozar de un ambiente sano y a la existencia del equilibrio ecológico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución y el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente.”

El Tribunal Administrativo de Santander decretó medidas cautelares y ordenó el pasado 27 de marzo a la empresa Isagen a realizar:

“la respectiva limpieza, remoción de la cobertura vegetal y todos aquellos materiales blandos, orgánicos y objetables del río Sogamoso, así mismo, establecer todas aquellas medidas ambientales preventivas, lo anterior deberá efectuarse dentro de un plazo no mayor a seis (6) meses, advirtiendo que dicha remoción deberá efectuarse cada vez que la misma sea observada, según lo expresado en la parte motiva de este proveído.”

Aunque la licencia ambiental establecía la remoción de la cobertura vegetal antes del llenado del embalse, la empresa ISAGEN incumplió y en la actualidad las comunidades de los alrededores de la represa han tenido que sufrir las afectaciones provocadas por la descomposición de la materia orgánica: malos olores y perdida de la calidad del agua, causando a los pobladores nauseas, vómitos, dolores de cabeza, problemas en la piel, entre otras cosas.

Con este fallo el Tribunal Administrativo de Santander reconoce el incumplimiento de la licencia ambiental por parte de ISAGEN, dando la razón a las comunidades, que desde el inicio del proceso han advertido sobre estos incumplimientos y las afectaciones que recaen sobre ellos y su territorio.

Descargue aquí la "Medida Cautelar" en PDF

Autor: Moviento social en defensa del río Sogamoso Mayores informes: https://defensaterritorios.wordpress.com veredasogamoso.blogspot.com/ Correo: mujeresdelcomun@gmail.com Teléfono: 318 4477579

Fuente: CENSAT

Invitación- I Seminario Internacional de Estudios Críticos: La justicia de la Memoria

Cordial saludo, 
Les solicitamos, cordialmente, difundir la siguiente invitación al I Seminario Internacional de Estudios Críticos: La justicia de la Memoria (Evento gratuito con previa inscripción)

Inscripción en: http://formacioncontinua.medellin.upb.edu.co/index.php/derecho/i-seminario-internacional-de-estudios-críticos

La Escuela de Derecho y Ciencias Políticas en asocio con la Vicerrectoría Pastoral, la Escuela de Arquitectura y Diseño, la Escuela de Ciencias Sociales, el Colegio Universidad Pontificia Bolivariana, la Casa Museo de la Memoria y la Universidad Cooperativa de Colombia organizan el   I Seminario Internacional de Estudios Críticos: La justicia de la Memoria y el VII Seminario Internacional de Psicología Social. Este evento contará con la participación de Rafael Grasa (Universidad Autónoma de Barcelona e Instituto Internacional Catalán por la Paz –ICIP-, España); Álvaro Sánchez Bravo (Universidad de Sevilla, España);  Eduardo Maura (Universidad Complutense de Madrid, España); Roland Anrup (Mid Sweden University, Suecia); Sami Khatib (Freie Universität Berlin, Alemania); John E. Zuluaga Taborda (Universität Göttingen, Alemania); Jenny Pearce (University of Bradford, Inglaterra); Sthepen Ryan (University of Ulster, Irlanda del Norte); Andrés Arteaga Uribe (Saint Mary's University, Canadá); Horst Nitschack (Universidad de Chile, Santiago de Chile); Isabel Piper (Universidad de Chile, Chile); Adriana Valderrama López (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Juan Carlos Arboleda Ariza (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Ramón Arturo Maya Gualdron (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Hernando Blandon Gómez (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Alberto Berón Ospina (Universidad Tecnológica de Pereira, Colombia); Adriana María Ruiz Gutiérrez (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Enán Arrieta Burgos  (Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Sandra Milena Varela Tejada (Colegio Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia); Juan David Villa Gómez (Universidad San Buenaventura, Colombia); Lucia González Duque (Museo de la Memoria (Medellín-Colombia); Colectivos: Antena Mutante & rio40caos (Colombia).