América Latina: Periferias urbanas, territorios en resistencia

por  Raúl Zibechi I. Introducción En los últimos meses tuve la posibilidad de visitar a Colombia en varias oportunidades, gracias a las invitaciones que me extendieron la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca y el colectivo editorial Desde Abajo. Las visitas me permitieron conocer algunas experiencias notables, como la del pueblo nasa en los cabildos rurales y urbanos del Cauca, y la de sectores populares de Ciudad Bolívar, en Bogotá. En esos lugares pude compartir con los actores sobre los modos y formas de construir sus vidas cotidianas, y luego ampliar lo allí convivido a través de abundante bibliografía. Ambas experiencias me reafirmaron en la convicción de que en América Latina, al calor de las resistencias de los de abajo, se han ido conformando “territorios otros”, diferentes de los del capital y las multinacionales, que nacen, crecen y se expanden en múltiples espacios de nuestras sociedades. Puede objetarse, con razón, que los territorios que construyen los movimientos indígenas en áreas donde habitan desde hace siglos no pueden compararse con las experiencias urbanas de los sectores populares. Las diferencias entre unos y otros son inocultables, empezando por el reconocimiento constitucional o legal que tienen algunos resguardos y territorios de los pueblos originarios, hasta el simple hecho de que la presencia estatal en esos lugares es débil, lo que facilita la existencia de formas de vida heterogéneas. Las experiencias educativas, ancladas en la educación bilingüe, y los cuidados de la salud con base en los saberes ancestrales, la renovación y reconocimiento de la justicia comunitaria y de formas de poder apoyadas en las tradiciones comunitarias, pueden servir para confirmar las inexorables diferencias entre el mundo rural indígena y el urbano popular. Es enteramente cierto que entre los indios de nuestro continente sobreviven y se han recreado tradiciones diferentes de las que vemos en los sectores populares urbanos, entre ellas, y de forma destacada, la lengua propia. Pero no es menos cierto que los sectores populares son portadores de relaciones sociales también diferentes de las hegemónicas, aunque no asimilables a las de los indígenas. Pero no es mediante estudios de carácter antropológico o sociológico como podemos desentrañar el carácter de esas diferencias. Los pueblos, sus culturas y cosmovisiones, no pueden ser comprendidos desde metodologías de carácter ‘científico’, o sea, sólo a través de estudios cuantitativos y estructurales. No se trata de medir las diferencias sino de comprenderlas en su despliegue y su visibilización, de los rastros y realizaciones concretas que van dejando estelas y huellas, materiales y símbolos. Estoy firmemente convencido, como sugiere James Scott1, de que los de abajo tienen proyectos estratégicos que no formulan de modo explícito, o por lo menos no lo hacen en los códigos y modos practicados por la sociedad hegemónica. Detectar estos proyectos supone básicamente combinar una mirada de larga duración, con énfasis en los procesos subterráneos, en las formas de resistencia de escasa visibilidad pero que anticipan el mundo nuevo que los de abajo entretejen en la penumbra de su cotidianeidad. Esto requiere una mirada capaz de posarse en las pequeñas acciones, con la misma rigurosidad y el interés que exigen las acciones más visibles, aquellas que suelen “hacer historia”. De larga duración porque sólo en ella se despliega el proyecto estratégico de los de abajo, no como programa definido y delimitado sino a través de grandes trazos que apuntan en una dirección determinada. Esa dirección, en América Latina, nos habla de creación de territorios, rasgo diferencial de los movimientos sociales y políticos respecto a lo que sucede en otras latitudes. En paralelo, en la larga duración se desdoblan los pliegues internos –claves para comprender los proyectos de nuestros pueblos– que le resultan invisibles al observador externo por las coberturas exteriores y superficiales que los ocultan. Aunque los territorios de los movimientos abren nuevas posibilidades para el cambio social, no representan, empero, garantía alguna de transformación liberadora. En la periferia urbana de Ciudad Bolívar, por poner apenas un ejemplo, he visto territorios de la complejidad y la diversidad, de la construcción de relaciones sociales horizontales y emancipatorias en que se registran formas de vida heterogéneas, junto a territorios donde la dominación reviste las vulgares formas de la militarización vertical y excluyente. Transitar de un barrio a otro, cruzando apenas una avenida, puede representar un cambio brusco entre la dominación y la esperanza. Como toda creación emancipatoria, los territorios urbanos están sometidos al desgaste ineludible del mercado capitalista, la competencia destructiva de la cultura dominante, la violencia, el machismo, el consumo masivo y el individualismo, entre otros factores. Los territorios de los sectores populares urbanos –a los que está en gran parte dedicado este libro– nacieron y buscan crecer en el núcleo más duro de la dominación del capital, en las grandes ciudades que son sede natural de las viejas y las nuevas formas de control social, que contribuyen a lubricar la acumulación de capital. En efecto, sea por vía represiva, sea por la interiorización de la cultura neoliberal, estos emprendimientos han estado acosados desde cuando nacieron, hace más o menos cuatro décadas, en todas las periferias urbanas de este continente. Con el tiempo, aprendieron a sortear este conjunto de adversidades, como enseña la breve historia de Potosí-La Isla, en Ciudad Bolívar. La construcción de barrios populares en las ciudades es “la prolongación de la lucha por la tierra que por décadas ha cubierto el campo de nuestro país, expresada en la urbe en forma de lucha por la vivienda”, como sostiene un trabajo acerca de la experiencia. Este es, por cierto, uno de los nexos entre las luchas rurales y las urbanas, que nos permiten hablar de un proceso más global, de una lucha no parcelada ni segmentada que parece apuntar en una misma dirección. *** Sin embargo, los territorios urbanos donde se arraigan los movimientos que trabajan por la emancipación sufren nuevas e inesperadas embestidas de actores nacidos a menudo en el seno de los mismos movimientos. Se trata de un proceso que se puede fechar en la década de 1990 con el acceso a los gobiernos municipales de fuerzas de izquierda como el Partido de los Trabajadores en Brasil, el Frente Amplio en Uruguay y otras fuerzas de izquierda en porción significativa de las ciudades latinoamericanas. De la mano de la “descentralización con participación” se pusieron en marcha proyectos como el Presupuesto Participativo, en Porto Alegre y otras ciudades, experiencias que tuvieron nombres y protagonistas diferentes pero características similares. Desde el punto de vista de los sectores populares organizados en movimientos, las experiencias no fueron felices, porque propiciaron la desarticulación de toda una camada de organizaciones populares, más allá de la voluntad de sus promotores. En esta década nacieron gobiernos progresistas y de izquierda en la mayor parte de los países sudamericanos. Las viejas políticas participativas dieron paso a diversos planes estatales para combatir la pobreza, que deja consecuencias de larga duración para los movimientos, en particular para los urbanos. Con ellos se impusieron nuevas formas de gobernar o “nuevas gobernabilidades”, para decirlo con Michel Foucault2, que pueden ser interpretadas como punto de intersección entre los movimientos sociales y los Estados. El problema que enfrenta el arte de gobernar en América Latina consiste en que en las últimas décadas las poblaciones se levantan, se insurreccionan, y desde el caracazo de 1989 lo hacen regularmente. El panóptico se vuelve arcaico: aunque sigue funcionando, no es el medio fundamental de control social. Para gobernar grandes poblaciones que cambian y buscan el cambio se requieren formas de control a distancia, más sutiles, que buscan la “anulación progresiva de los fenómenos por obra de los fenómenos mismos”, lo que exige un tipo de acción menos transparente que la del soberano, para dar paso una acción “calculadora, meditada, analítica, calculada”3. Se trata de actuar en relación de inmanencia respecto a las sociedades, y para eso los movimientos juegan un papel fundamental, y de ahí la necesidad de contar con ellos. Podemos decir que los Estados que dirigen Lula, Kirchner y Tabaré Vázquez, los ejemplos más obvios pero no únicos, son hijos del arte de gobernar4. Ya no estamos ante los estados benefactores o los estados neoliberales prescindentes sino ante algo inédito, que sobre la base de la fragilidad heredada del modelo neoliberal busca desarrollar nuevas artes para mantenerlos en pie, dotarlos de mayor legitimidad y asegurar así su supervivencia siempre amenzada. Ello supone entender al Estado como propone Foucault, o sea, como una práctica y no como una cosa o estructura. El 25 por ciento de la población de Brasil, casi 50 millones, es beneficiaria del plan Hambre Cero. En Argentina y Uruguay, el 15 por ciento de los hogares reciben ayuda estatal, complementada por planes que apoyan las formas de supervivencia nacidas en la pobreza. No puede hablarse, por tanto, de las clásicas políticas focalizadas sino de algo diferente y nuevo. Estas prácticas o formas de hacer, trabajan hoy con fuerza en territorios de la pobreza, y para ello deben asumir algunas de las iniciativas que nacieron abajo y orientarlas en otra dirección. Lejos de marginar a los movimientos, las nuevas prácticas estatales pasan por el “fortalecimiento de las organizaciones”, como propone el Banco Mundial, para convertirlas en contrapartes activas, capaces de hacer “diagnósticos participativos” y ejercer la dirección de proyectos con Organizaciones No Gubernamentales (Ong). Estas prácticas adjudican recursos, construyen saberes, administran cosas que afectarán a la población. Me interesa destacar que no es una gubernamentalidad construida por el Estado, adoptada pasivamente por los movimientos, sino que se busca, y se consigue en alguna medida, una construcción conjunta en espacio-tiempos compartidos. En las favelas de Brasil, las villas de Argentina y los asentamientos de Uruguay, el Estado hace un intenso trabajo territorial con fuerte impacto en los movimientos. Para eso, ya no es necesario cooptar individualmente –incluso, sería contraproducente hacerlo– sino construir de modo conjunto. El papel más destacado lo juegan ahora las asistentes de las Ong (en buena medida mujeres jóvenes, con formación universitaria), que se mueven en los mismos espacios que los militantes y practican los modos de la educación popular. En los hechos, se produce una enorme confusión entre la militancia tradicional y los funcionarios estatales. Ambos hablan lenguajes similares y cultivan códigos parecidos, porque en realidad una parte sustancial del funcionariado de las Ong proviene de la militancia social o de sus aledaños. En los territorios de los sectores populares, los activistas sociales ya no están solos. Unas décadas atrás, el Estado sólo aparecía vestido de uniforme policial o militar, o mediante caudillos patriarcales hoy en decadencia. Ahora, el Estado reconoció el papel del territorio y de los movimientos territoriales, y los movimientos reconocen el nuevo papel de aquél. Y juntos, a partir de tal reconocimiento, están creando algo diferente: nuevas formas de gobierno. Es éste un cambio de larga duración, destinado a introducir una poderosa cuña estatal en las periferias urbanas, pero ya no de un Estado puramente represivo sino algo más complejo y ‘participativo’ que, no obstante, persigue el mismo fin: adelantarse a lo que pueda suceder; en suma, “evitar la revolución”. Una vez más, siguiendo a Foucault, podemos decir que de la mano de los nuevos gobiernos, municipales y nacionales, nacen prácticas que hacen Estado y lo conservan. En los hechos, los movimientos abordan los problemas fundamentales para la nueva gobernabilidad: salud, educación, coexistencia, en suma, ocupándose de la sociedad desde lógicas estatales; pero, sobre todo, tomando en cuenta aquellos espacios en los cuales pueden surgir problemas, movimientos, rupturas. Este Estado, producto de las nuevas gobernabilidades, tiene enorme legitimidad. Es ahora un Estado capilar porque, gracias al arte de gobernar, ha permeado los territorios de la pobreza con mucha mayor eficiencia que los caudillos clientelares del período neoliberal. Esos caudillos actuaban vertical y autoritariamente, y, por tanto, siempre podían ser desbordados. Estamos transitando nuevas formas de dominación. Poco importa que vengan de la mano de fuerzas que se proclaman de izquierda, porque las nuevas artes de gobernar las desbordan y las incluyen a la vez. No se trata de que las izquierdas se hayan propuesto hacerlo así sino que les tocó gobernar en un período en que surgen gobernabilidades nuevas. En otras partes del mundo, Iraq, por ejemplo, algunas de estas ‘artes’ corren a cargo de las tropas de ocupación de Estados Unidos. No interesa tanto quién sino cómo. Lo que está en juego es la supervivencia misma de los movimientos y de sus territorios como potenciales espacios de emancipación. En la medida en que las nuevas formas de gobernar, que suelen ser ensayadas primero en la escala municipal, desarticulan los movimientos sociales, pueden ser consideradas como parte del arsenal antisubversivo de los Estados. Superar este desafío pasa por comprender lo que está cambiando, asumir las nuevas formas de dominación biopolíticas más allá de quienes las hagan rodar. Que las encargadas de hacerlo sean las izquierdas no debiera sorprender: el panóptico y las formas disciplinarias de control social fueron una creación de la Revolución Francesa para enfrentar los desafíos que planteaba la caída del viejo régimen. Fuente: Desde Abajo

Y dónde quedó la universidad

En esta oportunidad compartimos con ustedes un texto del filósofo antioqueño David Esteban Zuluaga Mesa. Un texto corto con observaciones importantes en torno a la "empresa universitaria". Esperamos que los inquiete y, como alguna vez dijo el Poeta y Filósofo Víctor Raúl Jaramillo en una de sus clases, les motorice el cerebro.

Fuente del texto: David Esteban Zuluaga Mesa, Editorial. Y dónde quedó la universidad, Revista Perseitas Vol. 2, Nª 1 (enero-junio), Medellín-Colombia, Ed., Funlam, 2014.

Editorial. Y dónde quedó la universidad by Ofcol Filosofia

“Basta de perseguir al pensamiento disidente: ¡Libertad al profesor Francisco Toloza!”

A través de Revista Nuestramérica, ISSN 0719-3092 Compartimos una reflexión, una alerta, y por qué no, una denuncia que enciende el profesor Néstor Kohan frente a la detención arbitraria de Francisco Toloza, reconocido académico y militante de las causas justas en Colombia y en toda nuestrAmérica. En su escrito, que presentamos a modo de introducción, Kohan hace un llamado ético y político sobre el sentido y el compromiso de la praxis académica frente a las demandas ineludibles de nuestros pueblos. Allí defiende la generación de pensamiento crítico, hace un llamado imperativo a que la academia profundice y defienda sin velos sus apuestas políticas militantes, y finalmente condena la persecución política a la academia por parte de una burguesía servil, como la colombiana, y del aparato de represión norteamericano que no deja de cernirse sobre nuestro territorio. (Presentación escrita por el compañero Ismael Cáceres Correa)  

Descargar y leer el artículo en el siguiente enlace: http://ow.ly/triOn

Minería, Territorio y Conflicto en Colombia

Autores: Universidad Nacional de Colombia, Plataforma Colombiana de derechos humanos, democracía y desarrollo, CENSAT Agua Viva

En la medida en que el extractivismo minero energético avanza sobre los territorios, surge también una geopolítica de la autonomía que cuestiona estas prácticas de apropiación y explotación de la naturaleza presentes en el país y en la región desde la época de la Colonia. Las alternativas a este modelo se construyen cotidianamente y precisan de conocimientos y reflexiones que ayuden a comprender la diversidad ecológica y cultural del país, así como las necesidades de sostenibilida, profundización democrática y de justicia y paz de su población.

Este libro recoge múltiples y diversas reflexiones sobre el estado actual de la expansión de la industria extractiva de la minería en Colombia y en América Latina. Su propósito es servir como insumo para los procesoso críticos y de construcción de alternativas y resistencias que este complejo fenómeno genera en la coyuntura nacional y regional.

Puedes comprar este libro en la oficina de CENSAT Agua Viva (Carrera 27a # 24 -10. Barrio Panamericano. Bogotá)

Costo: 60.000 pesos colombianos 

Fuente:  CENSAT Agua Viva

Eco de una pesadilla de petróleo

 

                              Imagen de las aguas del río Acacías. /Andrés Torres 

Allí, en el río Acacías (Meta), donde Ecopetrol vierte las aguas derivadas del proceso de crudo de la estación Chichimene, el olor sigue siendo fétido. Arden los ojos y duele la cabeza. Esta vez es José Gutiérrez, un poblador de la región, quien retira las piedras blancas que están a la vista para sacar las que están al fondo, negras y engrasadas con lo que parece petróleo. Han pasado dos meses desde la primera visita que hizo El Espectador a este lugar donde las aguas que corren también son negras, calientes y olorosas, y el cuadro parece ser el mismo (Lea aquí Trazas de crudo y sueños de agua). El pasado miércoles, en el coliseo Omar Armando Baquero, del barrio Las Ferias en Acacías, estaba citada una audiencia de seguimiento ambiental a esta estación y a la de Castilla, que de acuerdo con los pobladores contaminan su agua y su aire de forma cada vez más preocupante.

Sólo cuarenta minutos permanecieron los alcaldes de los municipios de Castilla La Nueva, Acacías y Castilla en la jornada. Dieron un corto discurso, se disculparon y se fueron en sus camionetas blindadas a un evento en Villavicencio, donde el presidente Juan Manuel Santos entregó motos de policía como salida para contrarrestar la delincuencia en esa ciudad. Hubo algunos mandatarios que ni siquiera asistieron y sólo uno, el de Castilla La Nueva, dejó una ponencia en la que respaldó las inquietudes de la comunidad sobre los serios impactos que está teniendo en esta región la explotación de hidrocarburos. La mesa de las “autoridades” quedó representada por un asesor de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), un personero, un procurador delegado y la directora de Cormacarena. En el recinto había cerca de setenta personas, en su mayoría mayores, de no ser por un grupo de jóvenes contratados por Ecopetrol, y con uniforme de esta empresa, que se quedaron sentados y en silencio durante la audiencia, como una especie de guardia pretoriana muda.

Poco a poco fueron tomando el micrófono los líderes para decir una vez más lo que han visto en sus regiones. “No podemos demostrar científicamente que los niveles de las aguas de los ríos, caños y nacederos han disminuido en los últimos 13 años, pero tenemos sentido común y tiempo en estas tierras y por eso decimos que es así. De tanto ir y andar a foros, también hemos ido recogiendo algunos datos. Sabemos, por ejemplo, que la multinacional Chevron sólo perforó 37 pozos en 25 años de operaciones en Castilla, Chichimene y Acacías, y que los magos de Ecopetrol en 12 años han perforado 516, más los que faltan, que ya están autorizados y son más de 200. Sin hablar de la quema de gases a cielo abierto que está contaminado nuestro aire. ¿Hasta cuándo la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales y Cormacarena van a seguir permitiendo el vertimiento de aguas de producción a las fuentes hídricas, si saben que los ríos Orotoy, Guayuriba, Acacías y Meta, y el pez bagre rayado, ya están contaminados?”, dice María Clemencia Díaz, mientras en dos pantallas grandes pasan fotos nuevas y viejas que en los últimos años los pobladores han tomado para dar cuenta de la contaminación por la explotación de petróleo. Se ven peces y vacas muertas con trazas de crudo, aguas contaminadas y ríos secos.

“El bloque petrolero Cubarral ha violado la normatividad ambiental construyendo plataformas sobre nacederos de agua, como el clúster 26 en la vereda Montelíbano; los 21, 37, 13 y 10 en la hacienda Cencerros, y el 30 en la finca Bendición. El ruido de la perforación las 24 horas del día es insoportable y el olor a nafta, ese maldito olor fétido que se mete por las narices, no deja vivir”, dice Marta Chivata, la mujer que hace dos meses nos llevó a recorrer la vereda La Esmeralda y que siempre carga consigo dos botellas de agua negra que recoge del río Acacías antes de ir a las audiencias ambientales.

“La gota que ha colmado la paciencia y la tranquilidad de los que vivimos en la vereda La Esmeralda ha sido la contaminación de los aljibes, que durante más de 40 años fueron aptos para consumir agua. Ya van 30 aljibes contaminados de los 95 que tiene la vereda. Hemos puesto una acción popular a ver si al fin nos ponen cuidado, porque la solución de Ecopetrol es llevarnos agua en carrotanques, que reparten los bomberos, y la promesa del acueducto todavía es incierta”, dice María Clemencia Díaz.

“Ya ni vender las fincas se puede, porque nadie quiere comprar tierra rodeada por la explotación petrolera”, afirma David Rincón, que vive en la finca El Manantial, separada de la estación petrolera Castilla 2 sólo por una vía angosta y un cercado de alambre corroído por químicos que quedan en el aire. Él mismo ha insistido en que tiene cáncer de piel y pérdida de audición, producto de los gases en la atmósfera y el ruido de los taladros. Para Luis Guevara, presidente de una asociación ambiental de Acacías, uno de los problemas mayores es que no hay programas de reasentamiento de las personas que con los años terminaron encerradas por esta industria.

Las preocupaciones eran muchas y parecían interminables. Para el alcalde de Castilla La Nueva, Fernando Amézquita, el único de los mandatarios locales que escribió una ponencia para la audiencia, los impactos que tendría una nueva línea de vertimiento al río Guayuriba, aprobada en la resolución 1137 del 28 de diciembre de 2012, son alarmantes. Sobre todo teniendo en cuenta que la producción del campo Castilla, que se realiza por empuje, estaría utilizando las aguas del río Orotoy y los caños Grande, el Cacayal, Tres Ranchos y el Blanco, razón de la disminución drástica de los caudales de estas fuentes hídricas. También, que con el tiempo la acumulación de elementos en el agua derivada del proceso del petróleo, como calcio, bario, níquel y nitratos, entre otros, tenga efectos letales en la vida humana y animal. Por eso pidió reinyectar el 100% del agua derivada del proceso para disminuir el deterioro de las aguas.

El ingeniero Javier González de Ecopetrol escuchó atento la avalancha de críticas. Luego, consultado por este diario, se defendió de ellas. Señaló que, por ejemplo, en cuanto a la contaminación de las aguas, ellos tienen un estudio de 2008, por cuya realización pagaron a una ONG llanera llamada Tierra Mágica, que demostraría que las aguas de producción que se vierten en los ríos son menos contaminadas que las que ya van por el caudal. Reiteró la teoría de que el agua y las piedras negras sobre el río Acacías en el vertimiento de la estación Chichimene “son algas que generaron una biopelícula negra” y que así lo corroboró un estudio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y agregó que ahora están “oxigenizando las aguas de la producción para eliminar estas alguitas”. (Lea aquí 'No es contaminación, es un milagro de la vida')

“Con toda franqueza, ¿cree que Ecopetrol tiene alguna responsabilidad sobre los impactos negativos que denunciaron las comunidades o todo es infundado?”, le preguntó este diario. “Decirle que no generamos ningún impacto sería mentirle, porque definitivamente estas audiencias públicas sirven para mitigar el impacto que estamos realizando. Tenemos que revisar, asegurar y reconocer con humildad que los planes de manejo ambiental se cumplan”, atinó a responder González con tono cauto y diplomático.

A las tres de la tarde terminó la audiencia pública ambiental. El asesor de la ANLA, Augusto Peñaranda Correa, afirmó que Ecopetrol ha hecho un trabajo serio a pesar de lo que dice la comunidad y que se tienen que hacer algunos ajustes. Aseguró que de esta audiencia tendrán que salir requerimientos para que la empresa corrija sus errores. Adriana Rodríguez Sánchez, que vive en la vereda La Esmeralda, es escéptica. Cree que esta audiencia, el mecanismo al que han recurrido varias veces en décadas de explotación petrolera, es un paliativo para el dolor y la desesperanza. Un desahogo, nada más: “Por eso de aquí en adelante vamos a entablar demandas. Tenemos las pruebas, las fotos, las conversaciones de las personas que están incumpliendo. Parece ser lo único que nos queda, porque los daños ambientales son irreparables. Jamás volveremos a ver nuestros campos como eran. A nuestros hijos les dejaremos los videos, las únicas pruebas que tenemos de que esta tierra era preciosa”.

Fuente: El Espectador

Persecución Política al Movimiento Social en Colombia

 Boletin DDHH No. 7 - Enero 15 de 2014 by Ofcol Filosofia

La universidad Nerd

El texto de Juan Guillermo Tejeda, de la Universidad de Chile, nos lo compartió el profesor Carlos Enrique Restrepo, con las siguientes palabras: "Que las universidades ya han tocado fondo es algo de lo que no queda duda. El texto adjunto (el mensaje habla de dos textos, aquí solo presentamos uno, por ello el uso del singular) refrenda una radiografía de las universidades contemporáneas, cuya imagen esperpéntica se ha vuelto absurdamente homogénea en todo el orbe: la imagen de la decadencia. Se trata de una debacle epistemológica y espiritual profunda e irremisible... ante la que sólo queda practicar una estrategia de fuga: la "universidad nómada""

La Universidad Nerd by Ofcol Filosofia