Sólo
cuarenta minutos permanecieron los alcaldes de los municipios de
Castilla La Nueva, Acacías y Castilla en la jornada. Dieron un corto
discurso, se disculparon y se fueron en sus camionetas blindadas a un
evento en Villavicencio, donde el presidente Juan Manuel Santos entregó
motos de policía como salida para contrarrestar la delincuencia en esa
ciudad. Hubo algunos mandatarios que ni siquiera asistieron y sólo uno,
el de Castilla La Nueva, dejó una ponencia en la que respaldó las
inquietudes de la comunidad sobre los serios impactos que está teniendo
en esta región la explotación de hidrocarburos. La mesa de las
“autoridades” quedó representada por un asesor de la Autoridad Nacional
de Licencias Ambientales (ANLA), un personero, un procurador delegado y
la directora de Cormacarena. En el recinto había cerca de setenta
personas, en su mayoría mayores, de no ser por un grupo de jóvenes
contratados por Ecopetrol, y con uniforme de esta empresa, que se
quedaron sentados y en silencio durante la audiencia, como una especie
de guardia pretoriana muda.
Poco a poco fueron tomando el
micrófono los líderes para decir una vez más lo que han visto en sus
regiones. “No podemos demostrar científicamente que los niveles de las
aguas de los ríos, caños y nacederos han disminuido en los últimos 13
años, pero tenemos sentido común y tiempo en estas tierras y por eso
decimos que es así. De tanto ir y andar a foros, también hemos ido
recogiendo algunos datos. Sabemos, por ejemplo, que la multinacional
Chevron sólo perforó 37 pozos en 25 años de operaciones en Castilla,
Chichimene y Acacías, y que los magos de Ecopetrol en 12 años han
perforado 516, más los que faltan, que ya están autorizados y son más de
200. Sin hablar de la quema de gases a cielo abierto que está
contaminado nuestro aire. ¿Hasta cuándo la Autoridad Nacional de
Licencias Ambientales y Cormacarena van a seguir permitiendo el
vertimiento de aguas de producción a las fuentes hídricas, si saben que
los ríos Orotoy, Guayuriba, Acacías y Meta, y el pez bagre rayado, ya
están contaminados?”, dice María Clemencia Díaz, mientras en dos
pantallas grandes pasan fotos nuevas y viejas que en los últimos años
los pobladores han tomado para dar cuenta de la contaminación por la
explotación de petróleo. Se ven peces y vacas muertas con trazas de
crudo, aguas contaminadas y ríos secos.
“El bloque petrolero
Cubarral ha violado la normatividad ambiental construyendo plataformas
sobre nacederos de agua, como el clúster 26 en la vereda Montelíbano;
los 21, 37, 13 y 10 en la hacienda Cencerros, y el 30 en la finca
Bendición. El ruido de la perforación las 24 horas del día es
insoportable y el olor a nafta, ese maldito olor fétido que se mete por
las narices, no deja vivir”, dice Marta Chivata, la mujer que hace dos
meses nos llevó a recorrer la vereda La Esmeralda y que siempre carga
consigo dos botellas de agua negra que recoge del río Acacías antes de
ir a las audiencias ambientales.
“La gota que ha colmado la
paciencia y la tranquilidad de los que vivimos en la vereda La Esmeralda
ha sido la contaminación de los aljibes, que durante más de 40 años
fueron aptos para consumir agua. Ya van 30 aljibes contaminados de los
95 que tiene la vereda. Hemos puesto una acción popular a ver si al fin
nos ponen cuidado, porque la solución de Ecopetrol es llevarnos agua en
carrotanques, que reparten los bomberos, y la promesa del acueducto
todavía es incierta”, dice María Clemencia Díaz.
“Ya ni vender las
fincas se puede, porque nadie quiere comprar tierra rodeada por la
explotación petrolera”, afirma David Rincón, que vive en la finca El
Manantial, separada de la estación petrolera Castilla 2 sólo por una vía
angosta y un cercado de alambre corroído por químicos que quedan en el
aire. Él mismo ha insistido en que tiene cáncer de piel y pérdida de
audición, producto de los gases en la atmósfera y el ruido de los
taladros. Para Luis Guevara, presidente de una asociación ambiental de
Acacías, uno de los problemas mayores es que no hay programas de
reasentamiento de las personas que con los años terminaron encerradas
por esta industria.
Las preocupaciones eran muchas y parecían
interminables. Para el alcalde de Castilla La Nueva, Fernando Amézquita,
el único de los mandatarios locales que escribió una ponencia para la
audiencia, los impactos que tendría una nueva línea de vertimiento al
río Guayuriba, aprobada en la resolución 1137 del 28 de diciembre de
2012, son alarmantes. Sobre todo teniendo en cuenta que la producción
del campo Castilla, que se realiza por empuje, estaría utilizando las
aguas del río Orotoy y los caños Grande, el Cacayal, Tres Ranchos y el
Blanco, razón de la disminución drástica de los caudales de estas
fuentes hídricas. También, que con el tiempo la acumulación de elementos
en el agua derivada del proceso del petróleo, como calcio, bario,
níquel y nitratos, entre otros, tenga efectos letales en la vida humana y
animal. Por eso pidió reinyectar el 100% del agua derivada del proceso
para disminuir el deterioro de las aguas.
El ingeniero Javier
González de Ecopetrol escuchó atento la avalancha de críticas. Luego,
consultado por este diario, se defendió de ellas. Señaló que, por
ejemplo, en cuanto a la contaminación de las aguas, ellos tienen un
estudio de 2008, por cuya realización pagaron a una ONG llanera llamada
Tierra Mágica, que demostraría que las aguas de producción que se
vierten en los ríos son menos contaminadas que las que ya van por el
caudal. Reiteró la teoría de que el agua y las piedras negras sobre el
río Acacías en el vertimiento de la estación Chichimene “son algas que
generaron una biopelícula negra” y que así lo corroboró un estudio de la
Universidad Jorge Tadeo Lozano, y agregó que ahora están “oxigenizando
las aguas de la producción para eliminar estas alguitas”. (Lea aquí
'No es contaminación, es un milagro de la vida')
“Con
toda franqueza, ¿cree que Ecopetrol tiene alguna responsabilidad sobre
los impactos negativos que denunciaron las comunidades o todo es
infundado?”, le preguntó este diario. “Decirle que no generamos ningún
impacto sería mentirle, porque definitivamente estas audiencias públicas
sirven para mitigar el impacto que estamos realizando. Tenemos que
revisar, asegurar y reconocer con humildad que los planes de manejo
ambiental se cumplan”, atinó a responder González con tono cauto y
diplomático.
A las tres de la tarde terminó la audiencia pública
ambiental. El asesor de la ANLA, Augusto Peñaranda Correa, afirmó que
Ecopetrol ha hecho un trabajo serio a pesar de lo que dice la comunidad y
que se tienen que hacer algunos ajustes. Aseguró que de esta audiencia
tendrán que salir requerimientos para que la empresa corrija sus
errores. Adriana Rodríguez Sánchez, que vive en la vereda La Esmeralda,
es escéptica. Cree que esta audiencia, el mecanismo al que han recurrido
varias veces en décadas de explotación petrolera, es un paliativo para
el dolor y la desesperanza. Un desahogo, nada más: “Por eso de aquí en
adelante vamos a entablar demandas. Tenemos las pruebas, las fotos, las
conversaciones de las personas que están incumpliendo. Parece ser lo
único que nos queda, porque los daños ambientales son irreparables.
Jamás volveremos a ver nuestros campos como eran. A nuestros hijos les
dejaremos los videos, las únicas pruebas que tenemos de que esta tierra
era preciosa”.
